La frontera entre Aguas Blancas, en Argentina, y Bermejo, en Bolivia, atraviesa una etapa de alta tensión debido a las recientes restricciones impuestas por la Aduana y la Policía Naval boliviana. Estas medidas, que limitan el horario de paso de mercadería y establecen un cupo de compras de 300 dólares mensuales para ciudadanos bolivianos en Argentina, han generado un fuerte impacto en el comercio local y en el tránsito de turistas.

El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, expresó su preocupación por la falta de reciprocidad en el trato fronterizo y denunció que las estaciones de servicio bolivianas continúan negando la venta de combustible a turistas argentinos, a pesar de que el nuevo presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, había anunciado la eliminación de esa restricción. "Nos parece totalmente injusto que estaciones de servicio de Bolivia les nieguen despachos a turistas argentinos, cuando son abastecidas por cien camiones cisterna que diariamente llevan combustible desde los puertos de Buenos Aires y Rosario hacia el vecino país", afirmó Zigarán en diálogo con Radio Salta. El funcionario advirtió que, de persistir las restricciones, Argentina podría adoptar medidas similares, afectando el flujo de camiones y mercancías hacia Bolivia.

La situación ha motivado a comerciantes argentinos y bolivianos a solicitar reuniones urgentes con autoridades de Bermejo, argumentando que las restricciones generan perjuicios económicos y afectan a cientos de familias que dependen del intercambio diario. "No nos vamos a dejar extorsionar por los bolivianos", sostuvo Zigarán, quien también destacó la necesidad de que las cancillerías de ambos países intervengan para buscar una solución.

Desde el gobierno argentino, la directora nacional de Vigilancia y Control de Frontera, Virginia Cornejo, remarcó que cualquier diferencia operativa o comercial debe canalizarse a través de los mecanismos institucionales previstos por los tratados internacionales. "Argentina ya inició consultas formales a las autoridades bolivianas", aseguró Cornejo, subrayando que la institucionalidad es la herramienta central para resolver conflictos internacionales y proteger el comercio regional.

El conflicto se produce en un contexto de creciente flujo comercial favorecido por el tipo de cambio, que incentiva a ciudadanos bolivianos a comprar productos alimenticios en Argentina. Sin embargo, las restricciones y controles estrictos impuestos por Bolivia han generado malestar y preocupación entre los actores locales. Las autoridades argentinas insisten en la necesidad de diálogo y acuerdos bilaterales para evitar una escalada y garantizar la continuidad del comercio y el tránsito en la frontera.

A medida que se acercan las fiestas, la resolución de este conflicto será clave para la estabilidad económica y social de la región, donde el intercambio fronterizo representa una fuente vital de ingresos y desarrollo.