El presidente Javier Milei, acompañado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó este jueves en la cárcel de Ezeiza un ambicioso proyecto de reforma del Código Penal argentino. La iniciativa, que el Gobierno define como de “tolerancia cero”, propone un endurecimiento generalizado de las penas, la imprescriptibilidad para delitos graves y la modificación de las condiciones para la libertad condicional. El acto, realizado frente al penal y con fuerte presencia de funcionarios y fuerzas de seguridad, buscó enviar un mensaje simbólico sobre la prioridad del orden y la seguridad en la agenda oficialista.

Durante la presentación, Milei afirmó: “El que las hace, las paga. Necesitamos penas más duras, que los juicios se hagan rápido y que los delincuentes cumplan la pena que les corresponde en la cárcel”. El mandatario criticó la llamada “doctrina Zaffaroni”, a la que atribuyó un enfoque garantista que, según su visión, relajó las penas y contribuyó al aumento de la inseguridad. Bullrich, por su parte, detalló que el nuevo Código prevé que el 82% de los delitos serán de cumplimiento efectivo y que delitos como el narcotráfico, secuestro y terrorismo serán imprescriptibles.

Entre los cambios más relevantes, el proyecto propone bajar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, eliminar beneficios procesales y agilizar los procesos judiciales. Además, se endurecen las penas para delitos menores y graves, incluyendo hurtos, robos y homicidios. La ministra Bullrich sostuvo: “Con el presidente Milei nace una nueva doctrina, la doctrina penal de la tolerancia cero”.

El anuncio se produce en un contexto de tensiones políticas, con el oficialismo enfrentando derrotas legislativas y críticas internas, como el escándalo que involucra al diputado José Luis Espert. El debate sobre la reforma se traslada ahora al Congreso, donde su aprobación es incierta y se anticipa un intenso debate entre oficialismo y oposición. Organizaciones de derechos humanos y especialistas han cuestionado la baja de la edad de imputabilidad y el enfoque punitivo de la propuesta, mientras que el Gobierno insiste en que responde a un reclamo social por mayor seguridad. El futuro del proyecto dependerá del respaldo parlamentario y del clima político en las próximas semanas.