El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial y la sanción parlamentaria de la ley 27.798. El nuevo presupuesto, impulsado por la administración de Javier Milei, establece un programa económico orientado al superávit fiscal, con criterios de reducción de gastos y baja de impuestos condicionada al desempeño de las cuentas públicas.

Uno de los puntos más controvertidos es la eliminación del piso legal del 6% del PBI destinado a educación, así como de otros mínimos para ciencia, técnica y equipamiento militar. Esta medida generó un intenso debate en el Congreso y entre actores del sector educativo, quienes advierten sobre el posible deterioro del sistema y la profundización de desigualdades. Según datos oficiales, el 26% de los niños de 11 años no comprende un texto simple, cifra que asciende al 38% en los sectores más vulnerables, lo que evidencia la crisis educativa que atraviesa el país.

En el ámbito agropecuario, el presupuesto prevé un recorte del 10,9% para la Secretaría de Agricultura respecto al año anterior, mientras que el Senasa, organismo de control sanitario, recibirá un aumento del 19% en sus partidas, consolidándose como ente superavitario. El INTA experimenta un crecimiento interanual del 15,8%, aunque persisten incertidumbres laborales. Otros organismos, como el Inase y el Instituto Nacional de Vitivinicultura, mantienen presupuestos similares a los de 2025, con leves caídas o incrementos marginales.

Para las universidades nacionales, el presupuesto asigna $4,78 billones, pero mantiene los fondos congelados respecto al año anterior. Esta situación fue criticada por autoridades universitarias y políticos provinciales, especialmente en Santa Fe, donde el rector de la Universidad Nacional de Rosario y el gobernador Maximiliano Pullaro manifestaron su preocupación por el impacto en la educación superior y la falta de recursos para obra pública.

El presupuesto también contempla restricciones a nuevas contrataciones en la administración pública y mantiene exenciones impositivas para medicamentos y vacunas. El gobierno argumenta que la flexibilidad presupuestaria permitirá una gestión más eficiente de los recursos, mientras que sectores críticos insisten en la necesidad de priorizar la inversión en educación y ciencia para revertir el retroceso registrado en los últimos años. El debate sobre el equilibrio entre ajuste fiscal y desarrollo social continuará marcando la agenda política en 2026.