El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al gobierno constitucional de Isabel Perón, instaurando una dictadura militar que marcaría uno de los períodos más oscuros de la historia nacional. La madrugada de ese día, patrullas militares tomaron el control de instituciones clave, detuvieron a la presidenta y difundieron comunicados oficiales anunciando la asunción de la Junta Militar, encabezada por Jorge Rafael Videla.

En ciudades como Salta, la intervención militar fue inmediata: se designaron interventores, se difundieron listas de detenidos y se suspendieron derechos políticos y sindicales. La represión se extendió rápidamente, con detenciones masivas de dirigentes, periodistas y ciudadanos, y la implementación de un sistema de censura estricta sobre los medios de comunicación.

El golpe fue el desenlace de una prolongada crisis política y social. El gobierno de Isabel Perón, debilitado por la violencia política, la crisis económica y la presión militar, había transferido facultades represivas a las Fuerzas Armadas mediante decretos en 1975. La represión ilegal ya se había iniciado, especialmente en Tucumán con el "Operativo Independencia", y se expandió a todo el país tras el golpe.

La dictadura implementó un plan sistemático de persecución: creación de centros clandestinos de detención, torturas, desapariciones y exilios forzados. La censura y la autocensura dominaron el ámbito periodístico, mientras la sociedad vivía bajo un clima de miedo y represión. El golpe contó con el apoyo tácito o resignado de sectores políticos y sociales que buscaban restablecer el orden ante el caos reinante.

A casi cinco décadas del golpe, el 24 de marzo es recordado como el inicio de una "larga noche" de terrorismo de Estado, cuyas consecuencias aún resuenan en la memoria colectiva argentina.