El enfrentamiento entre el presidente Javier Milei y destacados empresarios argentinos se intensificó en las últimas semanas, en medio de un contexto de caída de la rentabilidad empresarial y cambios profundos en la política económica nacional. La polémica se desató tras las declaraciones de Roberto Méndez, CEO de Neumen, quien admitió públicamente que el sector de neumáticos obtuvo márgenes de ganancia extraordinarios durante los años de protección comercial y restricciones cambiarias. “Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo”, reconoció Méndez, en referencia a los márgenes de hasta 70% que se aplicaban en el sector.

El presidente Milei respondió con dureza, calificando a Méndez y otros empresarios como “delincuentes” y utilizando apodos irónicos en sus redes sociales. Además de Méndez, Javier Madanes Quintanilla (CEO de Fate y Aluar) y Paolo Rocca (CEO de Techint) fueron blanco de críticas presidenciales, en un clima de tensión que recuerda episodios similares ocurridos durante el kirchnerismo, aunque con diferencias en las formas y el uso del aparato estatal.

Informes de consultoras privadas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Provincia confirman que entre 2022 y 2023 los márgenes empresariales alcanzaron máximos históricos, favorecidos por la brecha cambiaria y las restricciones a la importación. Según EcoGo, el excedente bruto de explotación de las empresas tocó un pico de 342 billones de pesos en el tercer trimestre de 2022, equivalente al 46,2% del PBI. Sin embargo, tras la asunción de Milei y la implementación de medidas de apertura comercial y desregulación, la rentabilidad cayó hasta 37% en 2024.

El cierre de la planta Fate en Virreyes, que dejó 920 despidos, se produjo en medio del debate por la reforma laboral y la eliminación de aranceles antidumping, medidas que el gobierno considera necesarias para “normalizar” la economía y reducir la inflación. La eliminación de barreras comerciales también afectó a Aluar, cuyo pedido de extensión de aranceles fue rechazado por las autoridades.

Mientras tanto, los empresarios expresan preocupación por el trato público y la animosidad política, aunque mantienen diálogo con funcionarios fuera de la figura presidencial. Sectores sindicales y de izquierda critican tanto la concentración de ganancias como el impacto social de la apertura y los despidos masivos. El debate sobre el rol de la industria nacional y la relación entre Estado y sector privado sigue abierto, en un contexto de transformación económica y social que plantea desafíos para todos los actores involucrados.