Una investigación judicial destapó un presunto fraude millonario contra el PAMI, la obra social de los jubilados, que involucra a médicos de varias provincias argentinas. El caso más resonante tiene como protagonista a un cardiólogo de la localidad santafesina de Acebal, quien habría facturado consultas y estudios inexistentes por más de 580 millones de pesos entre 2023 y 2025. Según las auditorías ordenadas por el titular del PAMI, Esteban Leguízamo, se detectaron graves inconsistencias en las prestaciones de médicos de cabecera, incluyendo la emisión de órdenes médicas a nombre de afiliados fallecidos y la facturación de prácticas imposibles de realizar en el tiempo declarado por los profesionales.

El patrón de fraude fue sistemático: los expedientes muestran que las prestaciones facturadas superaban ampliamente la capacidad horaria de atención declarada por los médicos. En el caso del cardiólogo de Acebal, se registraron más de 5.000 afiliados atendidos y más de 50.000 estudios realizados, muchos de ellos a pacientes de otras provincias. La investigación judicial determinó que el profesional registraba múltiples atenciones diarias, incluyendo consultas iniciales y estudios como electrocardiogramas y holter, en volúmenes incompatibles con la práctica médica real.

El jueves, la Policía Federal realizó allanamientos en Acebal y Wheelwright, donde halló cerca de 300 ampollas de fentanilo y morfina en el domicilio del médico investigado. Además, se secuestraron otros medicamentos, material quirúrgico y documentación relevante para la causa. A raíz de este hallazgo, la Fiscalía Federal de Venado Tuerto abrió una nueva investigación por posibles delitos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

El PAMI, por su parte, informó que desde 2025 intensificó los controles y dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por cobros indebidos y facturación de prestaciones inexistentes. El organismo aseguró que estas medidas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que se garantiza la continuidad de la atención a través de la red disponible. "Auditar no significa perseguir", aclararon desde el Instituto, subrayando la importancia de los controles para proteger los recursos de la obra social.

La causa penal sigue su curso, con la intervención de la Justicia Federal de Rosario y Venado Tuerto, y se espera que en los próximos días se realicen audiencias para analizar la situación procesal de los involucrados. El caso pone en evidencia la magnitud de las irregularidades en el sistema de prestaciones médicas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para evitar nuevos fraudes en el futuro.