La disputa judicial en torno a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional sumó un nuevo capítulo tras el reciente fallo de la jueza federal Macarena Marra Giménez. La magistrada resolvió que la demanda presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la Ley 27.802 de Modernización Laboral debe ser tratada por el fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando así a la Justicia Nacional del Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La CGT había solicitado la declaración de inconstitucionalidad de varios artículos de la ley, argumentando que vulneran derechos individuales y colectivos de los trabajadores reconocidos en la Constitución Nacional y tratados internacionales. Entre los puntos cuestionados figuran la reducción del alcance de la Ley de Contrato de Trabajo, cambios en jornadas, vacaciones, representación sindical, la derogación de la ley de teletrabajo, y la flexibilización de condiciones salariales y de protección ante despidos.

A fines de marzo, el juez laboral Raúl Ojeda había dictado una medida cautelar que suspendió provisoriamente más de 80 artículos de la reforma, con el objetivo de evitar daños irreparables en los derechos de los trabajadores hasta que se resuelva la validez constitucional de la norma. Esta suspensión afecta a todas las relaciones laborales alcanzadas por la Ley de Contrato de Trabajo y sus normas complementarias.

El Gobierno, a través del Ministerio de Capital Humano, apeló la suspensión y solicitó que la causa sea tratada en el fuero federal, apoyándose en el artículo 79 de la Ley 27.802, que establece la competencia federal cuando el Estado es parte demandada. La jueza Marra Giménez falló a favor de este planteo, reforzando el criterio restrictivo sobre la competencia laboral en demandas de alcance general contra el Estado.

La Asociación del Personal Aeronáutico también obtuvo una medida cautelar que suspende artículos de la reforma para su sector, lo que fue presentado como un avance en la defensa de los derechos laborales.

El conflicto judicial refleja la tensión entre el Ejecutivo y el movimiento sindical, y el futuro de la reforma dependerá de próximas resoluciones judiciales, con la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia tenga la última palabra. Mientras tanto, la aplicación de los artículos más controvertidos de la ley permanece suspendida, y el debate continúa tanto en los tribunales como en el ámbito sindical y político.