El conflicto por el financiamiento de las universidades nacionales argentinas se profundiza a días del inicio del ciclo lectivo. Los gremios docentes universitarios han convocado a un paro nacional que se extenderá del 16 al 22 de marzo, en reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la ausencia de convocatoria a paritarias. La medida, que podría derivar en una huelga por tiempo indeterminado, amenaza con paralizar las actividades académicas en todo el país y afecta a más de dos millones de estudiantes y cien mil docentes.

La Asociación Gremial Docente de la UBA y las principales federaciones sindicales del sector exigen el pago del 51% de salarios adeudados y la actualización de haberes conforme a la inflación, tal como establece la ley aprobada por el Congreso. Sin embargo, el Gobierno nacional, tras vetar la norma en dos oportunidades y ver rechazados sus vetos por el Parlamento, presentó un nuevo proyecto que limita la recomposición salarial solo a la pérdida de 2025 y no contempla la acumulada en 2024. Además, la propuesta oficial restringe la actualización presupuestaria para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles, lo que ha generado preocupación entre rectores y gremios.

En diciembre pasado, la Justicia falló a favor de los rectores, ordenando al Ejecutivo cumplir con la ley vigente. No obstante, el Gobierno apeló la medida y avanzó con una nueva iniciativa legislativa que, según los sindicatos, "desvirtúa el espíritu de la ley original". El titular del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, advirtió que "si no se aplica correctamente la ley, será un cuatrimestre crítico para el sistema universitario". Por su parte, Clara Chevallier, secretaria general de Conadu, sostuvo que "el malestar es creciente e impuso la necesidad de un paro de una semana para comenzar el plan de lucha".

El ajuste presupuestario ha impactado de manera significativa en los salarios docentes, que han perdido más del 50% de su poder adquisitivo en los últimos dos años. El presupuesto universitario, que representaba el 0,72% del PBI en 2023, cayó al 0,51% en 2025, afectando también a hospitales universitarios y becas estudiantiles. La situación ha provocado renuncias masivas de docentes y pone en riesgo la continuidad de las actividades académicas y científicas.

El conflicto, que ya ha generado movilizaciones masivas y adhesión popular, se enmarca en un contexto de ajuste fiscal y tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. Mientras los gremios y rectores insisten en el cumplimiento de la ley y la apertura de paritarias, el Gobierno argumenta restricciones presupuestarias y la necesidad de modificar la normativa vigente. El desenlace de la crisis será clave para el futuro del sistema universitario argentino.