El conflicto salarial entre la Policía de Santa Cruz y el gobierno provincial continúa sin resolución tras un mes de protestas y negociaciones fallidas. Policías y bomberos exigen que el salario de un agente ingresante pase de $1,1 millones a $2,2 millones, cifra que consideran necesaria para superar la línea de pobreza en la provincia. Hasta el momento, el gobierno de Claudio Vidal ha presentado 11 propuestas de mejora salarial, todas rechazadas por los gremios policiales y estatales, quienes reclaman una compensación por la pérdida de poder adquisitivo durante el primer semestre del año.

La situación se agravó el 23 de junio, cuando un grupo de manifestantes, en su mayoría retirados de la fuerza, bloqueó los accesos a la Casa de Gobierno en Río Gallegos, lo que derivó en una denuncia penal por parte de la Fiscalía de Estado. La denuncia califica el accionar como un atentado contra la autoridad y solicita medidas cautelares para garantizar el funcionamiento del Ejecutivo provincial. Paralelamente, la Justicia investiga mensajes internos entre los manifestantes que podrían constituir delitos graves si se confirma su autenticidad y contenido intimidatorio.

En medio de la crisis, la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación intervino en la negociación, solicitando el levantamiento de las medidas de fuerza y destacando la importancia de alcanzar un acuerdo. Sin embargo, la última reunión concluyó sin una nueva oferta concreta, y las partes acordaron un cuarto intermedio hasta el 1 de julio, fecha en la que el gobierno provincial se comprometió a presentar una propuesta superadora.

El conflicto se desarrolla en un contexto de crisis económica provincial, con la Legislatura trabando la autorización para un crédito internacional de US$600 millones y una creciente imagen negativa del gobernador Vidal. Mientras tanto, la atención se centra en la próxima reunión, que podría ser decisiva para destrabar el prolongado conflicto salarial y restaurar la normalidad institucional en Santa Cruz.