Universidades públicas de todo el país atraviesan una nueva etapa de conflicto laboral, con paros y protestas que afectan el normal desarrollo de las actividades académicas. Docentes y trabajadores nodocentes, nucleados en gremios como FEDUN, FATUN y COAD, profundizaron las medidas de fuerza en reclamo de la reapertura de paritarias, recomposición salarial y mayor financiamiento para el sistema universitario.

En la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Asociación de Trabajadores de la UNLP (ATULP) anunció paros para los días 3 y 4 de junio, sumándose a la semana de huelga realizada por los docentes. La medida, impulsada por la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), afecta el funcionamiento de las 17 facultades de la UNLP, donde los trabajadores cumplen tareas esenciales para la vida universitaria. "Frente al ajuste, el desfinanciamiento y el ataque permanente a la universidad pública, las y los nodocentes seguimos de pie, organizados y en defensa de nuestros derechos y de una universidad al servicio del pueblo argentino", expresaron desde ATULP.

En Rosario, la Asociación Gremial de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Rosario (COAD) resolvió impulsar un paro por tiempo indeterminado y el no inicio del segundo cuatrimestre, en el marco de un plan de lucha por la recomposición salarial. Según el secretario general del sindicato, Federico Gayoso, los salarios docentes han perdido un 35% de poder adquisitivo desde diciembre de 2023, ubicándose en su nivel más bajo en 23 años. "Con esta caída, la pérdida de masa salarial para cada docente es de 11,68 salarios", detalló Gayoso.

A nivel nacional, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) dispuso un paro universitario el 29 de mayo, exigiendo un aumento salarial del 52,1% y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada en octubre del año pasado. "Sin salarios dignos, no hay universidad de calidad", advirtieron desde el gremio, denunciando 213 días de incumplimiento de la ley por parte del Gobierno nacional.

El conflicto se intensificó tras la Cuarta Marcha Universitaria y diversas actividades de visibilización, como las clases públicas realizadas por la UBA frente al Palacio de Tribunales. Los gremios docentes y nodocentes ratificaron la continuidad de las medidas y su solidaridad con otros sectores afectados por las políticas de ajuste. Hasta el momento, el Gobierno nacional no ha dado respuestas concretas, lo que genera incertidumbre sobre el inicio del segundo cuatrimestre y el futuro del sistema universitario público.