La Justicia Federal procesó a nueve hombres acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, incluidas dos menores de edad, en un local nocturno del barrio porteño de Recoleta. El establecimiento, conocido como D’Lirio y ubicado frente al cementerio de la Recoleta, operaba bajo la fachada de boliche, pero en realidad funcionaba como un prostíbulo encubierto, según determinó la investigación judicial.

La causa se inició tras una denuncia anónima realizada en abril de 2022 a la Línea 145, que alertó sobre la existencia de explotación sexual, presencia de menores y posible connivencia policial. Tras meses de investigación, la fiscalía y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) lograron allanar el local el 9 de julio de 2024, identificando a 50 mujeres, de las cuales 43 estaban en calidad de “presencias”.

El juez federal Sebastián Casanello dictó el procesamiento de los nueve acusados, cinco como coautores del delito de trata agravada y cuatro como partícipes necesarios. Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, pero enfrentan embargos por $7.800 millones, la prohibición de salida del país y la inhibición general de bienes de la empresa Gran Recoleta S.A., responsable del local.

La investigación reveló que las mujeres eran captadas a través de redes sociales con ofertas engañosas de trabajo. Una vez en el local, debían cumplir estrictos horarios y eran sometidas a un sistema de control y vigilancia. Los pagos por noche oscilaban entre $7.000 y $20.000, pero muchas se veían obligadas a aceptar encuentros sexuales pagos en hoteles cercanos para incrementar sus ingresos, de los cuales los organizadores retenían una parte significativa.

El fallo judicial también estableció la conexión entre D’Lirio y el prostíbulo Madaho’s, desbaratado años atrás por delitos similares. El análisis de las sociedades comerciales y los movimientos bancarios permitió identificar la continuidad del modelo de explotación y la existencia de un circuito financiero que movió más de $1.500 millones entre 2021 y 2025.

El juez Casanello subrayó que “el respaldo de la sociedad comercial daba una imagen de legalidad que servía para que las mujeres aceptaran condiciones de control y abuso”. La fiscalía remarcó el aprovechamiento sistemático de la vulnerabilidad de las víctimas y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y protección.

El caso reaviva el debate sobre la persistencia de redes de trata que se reciclan bajo nuevas fachadas empresariales y la responsabilidad de los organismos de control en la prevención de estos delitos.