La diputada nacional Lorena Villaverde enfrenta un embargo judicial sobre su sueldo y aguinaldo, dispuesto por el juez Santiago Morán de Bariloche, tras una demanda por incumplimiento contractual en la venta de terrenos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, en Las Grutas. La medida cautelar, que alcanza los 40 millones de pesos entre capital, intereses y costas, responde a la falta de entrega de un lote y la ausencia de servicios básicos e infraestructura, pese a los compromisos asumidos en el contrato de compraventa firmado en 2020.

El fallo judicial destaca que, a tres años de la operación, el comprador no ha recibido el terreno ni puede avanzar con la escrituración o construcción, debido a la falta de habilitación municipal y de servicios esenciales como agua, electricidad y alumbrado público. "Los contratos están firmados y tenían un plazo. Los plazos están sumamente vencidos, llevamos aproximadamente tres años litigando", explicó Lucas Cerro, abogado de varios damnificados.

Villaverde, quien ya había sido objeto de otros embargos y demandas similares, argumentó que la pandemia demoró las obras, pero los expedientes judiciales señalan que el incumplimiento es reiterado y afecta a varios compradores. En algunos casos, la diputada homologó acuerdos extrajudiciales para evitar juicios, comprometiéndose a pagar indemnizaciones millonarias.

El caso se produce en un contexto de creciente cuestionamiento político y ético hacia Villaverde, quien fue impedida de asumir como senadora por "inhabilidad moral y ética" y enfrenta críticas dentro y fuera de su partido, La Libertad Avanza. La diputada Mónica Frade expresó en el recinto: "No quisiera que esta sesión comenzara sin dejar de repudiar que una diputada esté sentada en este recinto cuando se le impidió el ingreso al Senado por inhabilidad moral y ética".

El diputado Juan Grabois, por su parte, la vinculó públicamente con causas de narcotráfico y anticipó que "irá presa muy rápido". El liderazgo de Villaverde en Río Negro se encuentra en crisis, con fracturas internas y pérdida de respaldo político, mientras el escándalo afecta la imagen del oficialismo nacional y abre el debate sobre la ética parlamentaria. La resolución judicial no implica una condena definitiva, pero marca un precedente relevante al avanzar sobre los ingresos de una legisladora nacional en funciones.