Dos internos de la Unidad Penitenciaria N°11 de Baradero fueron imputados por estafar a una joven con discapacidad de Rosario, logrando que transfiriera más de 31 millones de pesos pertenecientes a su madre. Según la investigación, Alber Martínez y Martín Patane, ambos cumpliendo condenas previas, simularon una relación sentimental con la víctima a través de WhatsApp y videollamadas, aprovechando su vulnerabilidad para manipularla emocionalmente y obtener transferencias bancarias.

La maniobra delictiva se extendió desde 2023 hasta noviembre de 2025. La madre de la joven detectó el faltante de dinero y denunció el caso en el Centro de Justicia Penal de Rosario. El fiscal Aurelio Cicerchia imputó a los acusados como coautores de estafa agravada, señalando que el acceso a teléfonos celulares dentro de la cárcel fue clave para concretar el fraude. "La manipulación emocional y la promesa de un encuentro presencial que nunca iba a realizarse fueron parte del ardid", explicó el fiscal.

Durante la audiencia, el juez Alejandro Negroni dictó prisión preventiva para ambos: dos años para Patane y tres meses para Martínez. Además, prohibió cualquier contacto entre los acusados y la víctima o su familia. La investigación determinó que el dinero fue transferido a más de doce cuentas bancarias, lo que evidenció el planeamiento y la coordinación detrás de la operación.

El caso reavivó el debate sobre el uso de celulares en cárceles bonaerenses. Legisladores presentaron un proyecto para prohibir completamente estos dispositivos, argumentando que su uso extendido facilita delitos como estafas y extorsiones. La medida, implementada inicialmente durante la pandemia para suplir la falta de visitas, se mantuvo más allá de su justificación original, generando preocupación por la seguridad.

Autoridades y especialistas coinciden en la necesidad de reforzar los controles y garantizar que la comunicación de los internos se realice solo por canales oficiales y supervisados. El caso de Rosario se suma a una serie de hechos similares que ponen en cuestión la efectividad de las medidas de seguridad en el sistema penitenciario bonaerense.