El Consejo de la Magistratura de la Nación dio un paso significativo esta semana al aprobar 17 ternas de candidatos para cubrir vacantes en los tribunales federales de la Capital Federal y Córdoba. La medida, adoptada en el plenario presidido por Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, busca paliar el déficit crónico de jueces que afecta la agilidad y eficiencia del sistema judicial argentino.

Según datos oficiales, más de un tercio de los cargos judiciales federales permanecen vacantes, lo que obliga a magistrados titulares a asumir funciones en varios juzgados y tribunales, generando demoras en la resolución de causas sensibles. Entre los concursos aprobados se encuentran los destinados a los Tribunales Orales en lo Criminal Federal números 2, 4, 5 y 6 de la Capital Federal, así como cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba.

En paralelo, el Consejo avanzó en la apertura de procesos disciplinarios contra varios jueces. Destaca el caso de Gastón Salmain, juez federal de Rosario, acusado de haber cobrado una coima de 200 mil dólares a cambio de un fallo favorable a una empresa. El procesamiento de Salmain fue confirmado por la Cámara Federal de Rosario, que también avaló un embargo sobre sus bienes y la prisión preventiva domiciliaria, aunque esta última no es ejecutable debido a sus fueros. Además, Salmain enfrenta una denuncia por omitir antecedentes laborales en su currículum, hecho señalado por el propio Rosatti.

El plenario también resolvió iniciar el proceso de remoción para Alfredo López, juez federal de Mar del Plata, por expresiones antisemitas, y para Pablo Díaz Lacava, juez del Tribunal Oral de La Pampa, acusado de maltrato laboral y violencia de género. Ambas decisiones fueron adoptadas por mayoría agravada de dos tercios.

La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional expresó su preocupación por la sobrecarga de trabajo y la acumulación de causas, mientras que ONG's y la Corte Suprema impulsan reformas para mejorar el proceso de selección de jueces. El Poder Ejecutivo y el Senado deberán ahora completar los nombramientos para cubrir las vacantes, en un contexto de creciente demanda de transparencia y eficiencia en la justicia argentina.