Un intento de fuga masiva fue frustrado este lunes en el Complejo Penitenciario Almafuerte, ubicado en Cacheuta, Luján de Cuyo, Mendoza. La alerta se activó tras recibir información precisa sobre un plan gestado en el módulo 4.3, donde se alojan internos condenados a prisión perpetua por delitos graves, incluidos homicidios.

Según fuentes penitenciarias, la información detallaba la existencia de armas de fuego desarmadas y municiones ocultas en un conducto metálico soldado sobre el enrejado del patio, un elemento que no formaba parte de la estructura original del pabellón. El hallazgo fue posible gracias a un operativo coordinado entre el Servicio Penitenciario, fuerzas policiales, grupos especiales, drones y perros adiestrados, que rodearon el penal y realizaron una requisa exhaustiva.

Durante el procedimiento, se encontraron una pistola desarmada, municiones y armas blancas, lo que confirmó la veracidad de la amenaza. Las autoridades sospechan que el plan de fuga podría haberse concretado durante eventos masivos, como los actos centrales de la Vendimia, o aprovechando cortes de luz y fallas en el sistema de cámaras de seguridad.

El operativo derivó en el traslado de siete internos considerados de "Muy Alto Perfil" a Almafuerte II, bajo un régimen especial de aislamiento y vigilancia. Este sistema, implementado en Mendoza desde julio de 2024, está destinado a internos con alto riesgo de fuga o capacidad de corromper al personal penitenciario.

Entre los reclusos involucrados figuran Omar Gómez, condenado por el homicidio de Matías Quiroga; Cristian Tapia, sentenciado por el asesinato del policía Jonathan Funes; y Hugo Arredondo Suárez, con antecedentes de violencia y un intento de fuga previo durante un juicio. La investigación continúa para determinar cómo ingresaron las armas al penal y si existió complicidad interna.

El Ministerio de Seguridad de Mendoza supervisó el operativo y evalúa nuevas medidas para reforzar la seguridad en el sistema penitenciario. El caso pone en evidencia la necesidad de controles más estrictos y la revisión de protocolos para evitar futuros intentos de evasión.