El juez federal Patricio Maraniello enfrenta una ola de denuncias y pedidos de remoción tras dictar una medida cautelar que prohíbe la difusión de audios que involucran a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en una causa por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La decisión judicial, que argumenta la protección de intereses estatales sensibles, fue duramente cuestionada por organizaciones de prensa, juristas y dirigentes políticos, quienes la consideran un acto de censura previa y una amenaza a la libertad de expresión.

La medida cautelar fue solicitada por la propia Karina Milei luego de la aparición de más de 50 minutos de grabaciones que la involucran en supuestas maniobras de corrupción. El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una "operación de inteligencia ilegal" destinada a desestabilizar al Ejecutivo, mientras el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que las grabaciones fueron manipuladas y difundidas con fines políticos.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura recibió un pedido de juicio político contra Maraniello, impulsado por la Coalición Cívica y patrocinado por Elisa Carrió. El escrito denuncia al magistrado por mal desempeño, abuso de poder, prevaricato y tráfico de influencias, y destaca su rol en la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, señalada por supuestas irregularidades y vínculos con laboratorios farmacéuticos.

Las denuncias contra Maraniello no son nuevas: desde el año pasado, acumula al menos 11 presentaciones por acoso sexual, maltrato laboral y desvío de fondos, con testimonios de empleadas que relatan hostigamiento y abuso de autoridad. El Consejo de la Magistratura evalúa actualmente las pruebas y podría avanzar en un proceso disciplinario que derive en la suspensión o remoción del juez.

Organizaciones como FOPEA y Fundación LED rechazaron la medida cautelar por considerarla inconstitucional y lesiva para la libertad de prensa. El debate reavivó la discusión sobre los límites de la censura previa y el derecho a la información pública, en un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial, el Gobierno y los medios de comunicación. El desenlace del caso podría tener implicancias profundas para la transparencia institucional y la confianza en la Justicia argentina.