En 2025, Argentina vivió un incremento significativo en la cantidad de juicios laborales por accidentes de trabajo, con San Luis posicionándose como la provincia con mayor tasa de litigiosidad. Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), San Luis registró 300 juicios cada 10.000 trabajadores asegurados, duplicando el promedio nacional de 132,8 y superando ampliamente a otras provincias como Santa Fe y Chubut.

A nivel nacional, se iniciaron 134.141 juicios laborales, lo que representa un aumento del 6,4% respecto al año anterior. El fenómeno se concentra principalmente en Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe, que reúnen el 73% de los casos. Esta concentración no responde únicamente al tamaño del mercado laboral, sino a distorsiones en los procesos judiciales y periciales.

"Argentina cuenta con un sistema alineado con estándares internacionales en materia de prevención y cobertura, pero enfrenta un nivel de litigiosidad completamente desproporcionado", señaló la presidenta de la UART, Mara Bettiol. En comparación internacional, Argentina tiene una tasa de juicios 2200% mayor que Chile y 1500% superior a España.

La paradoja es que, mientras los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos bajaron un 80%, la cantidad de juicios sigue creciendo. Especialistas atribuyen el problema al desorden en el sistema de pericias médicas judiciales, donde los honorarios de los peritos están ligados al monto del juicio, incentivando sentencias más altas.

En San Luis, la administración pública lidera los litigios, seguida por la industria y el comercio. Para enfrentar la situación, el gobierno provincial implementó comisiones médicas en mayo de 2025, con el objetivo de agilizar la resolución de controversias y reducir la vía judicial. Estas comisiones ofrecen patrocinio jurídico gratuito y dictámenes en un plazo máximo de 60 días.

El Gobierno nacional, por su parte, impulsa una reforma laboral que busca reducir la "industria del juicio", abaratar costos judiciales y modificar condiciones de despido. El nuevo baremo de incapacidad, vigente desde agosto de 2025, apunta a disminuir la discrecionalidad en los dictámenes médicos.

La expectativa está puesta en que la profesionalización de los cuerpos médicos forenses y la aplicación efectiva de la Ley 27.348 permitan estabilizar el sistema y proteger a millones de trabajadores, en un contexto de extrema tensión financiera y jurídica.