El Gobierno argentino decidió postergar el tratamiento en el Senado del proyecto de ley impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, que busca flexibilizar las restricciones a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La iniciativa, que había generado expectativas de ser debatida junto a otros temas judiciales, fue retirada de la agenda en medio de la sesión tras intensas negociaciones políticas y desacuerdos internos en el oficialismo.

El proyecto, que modifica la Ley 26.737, propone eliminar los límites actuales que impiden que más del 15% de la superficie rural de cada jurisdicción esté en manos extranjeras. Según fuentes legislativas, la postergación estuvo vinculada a un acuerdo de último momento entre el oficialismo y la oposición para priorizar el tratamiento de pliegos judiciales, lo que evidenció tensiones y falta de coordinación dentro del bloque gobernante.

Críticos de la iniciativa, como Pablo Volkind del Observatorio de Tierras, advirtieron que la reforma podría facilitar la extranjerización de grandes extensiones de territorio argentino y debilitar los mecanismos de control nacional. "Lo que está sucediendo con este proyecto de ley es que directamente se elimina cualquier tipo de regulación", afirmó Volkind, quien también señaló que existen departamentos donde la concentración de tierras extranjeras ya supera los límites legales.

El gobierno, por su parte, sostiene que la flexibilización de la normativa es necesaria para atraer inversiones extranjeras, generar ingresos de divisas y promover el desarrollo económico. Sin embargo, la propuesta ha generado preocupación en sectores sociales y políticos, que temen una pérdida de soberanía y control sobre recursos estratégicos.

Actualmente, el promedio nacional de tierras en manos extranjeras ronda el 5%, aunque en algunas regiones la cifra es considerablemente mayor. El debate sobre la reforma se da en un contexto de presión por inversiones y explotación de recursos naturales, y mientras no se fije una nueva fecha para su tratamiento, el tema seguirá generando controversia en el Congreso y la sociedad argentina.