El Gobierno nacional confirmó el cierre definitivo del programa Volver al Trabajo, una medida que afecta a cerca de 950.000 beneficiarios en todo el país. La decisión, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, marca el fin de un esquema de asistencia directa que había reemplazado al Potenciar Trabajo y funcionó como columna vertebral de la política social en los últimos años.

Según fuentes oficiales, abril será el último mes de cobro para quienes percibían este beneficio. A partir de entonces, el Estado implementará un nuevo modelo basado en vouchers para capacitación laboral y una mayor focalización de la asistencia en la infancia y la educación. "La política social de este gobierno va hacia niños y adolescentes y capacitar a la gente que tiene dos piernas y dos brazos para ir a trabajar y busca reinsertarse en el mundo del trabajo", señalaron desde el Ministerio de Capital Humano.

El Gobierno argumenta que el sistema anterior presentaba limitaciones para la inserción laboral formal y carecía de mecanismos de control robustos. De los casi un millón de beneficiarios, solo 138.000 se inscribieron para recibir capacitación, lo que, según la administración, evidencia la necesidad de un rediseño. Además, se reforzarán programas como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar, y se prevé la expansión de la jornada escolar en escuelas vulnerables.

La medida generó reacciones inmediatas. En ciudades como Río Cuarto, organizaciones sociales y sindicales presentaron recursos judiciales y se movilizaron para reclamar la restitución del programa, advirtiendo sobre el impacto en cientos de familias. En la Ciudad de Buenos Aires, la jornada estuvo marcada por protestas y bloqueos en accesos clave, con un fuerte operativo policial coordinado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien afirmó: "A la Ciudad no entran. Ley y orden".

El cierre de Volver al Trabajo se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno de Javier Milei, que busca eliminar la intermediación en la política social y redirigir recursos hacia sectores considerados prioritarios. El desafío, según analistas, será sostener la transición sin agravar la situación de los sectores más vulnerables y demostrar que el nuevo esquema logra resultados concretos en empleo y reducción de la pobreza. El debate sobre el futuro de la política social y la conflictividad social permanece abierto, mientras el Gobierno apuesta por un modelo que combina capacitación, educación y asistencia focalizada.