Lucas Nicolás Abate, un hombre de 30 años, falleció el domingo en Luján de Cuyo, Mendoza, tras ser detenido por la policía en circunstancias que aún se investigan. El episodio comenzó cerca de las 14:45, cuando el 911 recibió al menos una docena de llamados alertando sobre un hombre alterado en la vía pública, quien aseguraba haber sido rociado con un químico. Dos efectivos policiales acudieron al lugar y lograron reducirlo, trasladándolo a la Comisaría 48ª de Agrelo.

Durante el trayecto en el patrullero, Abate se mostró violento, dañó la estructura divisoria del microcalabozo e intentó arrebatar el arma reglamentaria a uno de los agentes. Testigos aseguran que, en medio de un forcejeo, el hombre quedó inconsciente y fue arrastrado por un policía hasta el asiento trasero del móvil, según se observa en un video difundido por medios locales.

Ya en la dependencia policial, Abate permaneció algunas horas hasta que sufrió una descompensación. Los efectivos solicitaron la intervención del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), cuyos médicos practicaron maniobras de reanimación. Sin embargo, el hombre fue declarado muerto a las 18:20 en el hospital.

El fiscal Gustavo Pirrello, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios, ordenó la realización de pericias forenses y la necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento, que podría deberse a un paro cardíaco, lesiones sufridas durante el forcejeo o causas externas. Además, los policías involucrados fueron desarmados preventivamente y citados a declarar, mientras la Inspección General de Seguridad inició una investigación administrativa.

Vecinos que presenciaron el hecho cuestionan la demora en la asistencia médica y el procedimiento policial, mientras que la justicia busca esclarecer si hubo irregularidades en el accionar de los efectivos. El resultado de la necropsia será determinante para establecer responsabilidades y posibles implicancias legales. El caso se suma a otros episodios de muertes bajo custodia policial en Argentina, reavivando el debate sobre protocolos de actuación y derechos humanos.