Argentina ha decidido retirar su candidatura para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, una medida que marca un giro significativo en la política exterior del país. La decisión, impulsada por el presidente Javier Milei y confirmada por fuentes oficiales y diplomáticas, fue comunicada internamente antes de hacerse pública y ha generado un amplio debate político y social.

El Consejo de Derechos Humanos, principal órgano intergubernamental de la ONU para la promoción y protección de los derechos humanos, ha contado históricamente con la participación activa y respetada de Argentina. El país tenía asegurados los votos para ingresar en el próximo periodo, pero optó por declinar su postulación. "Las instituciones internacionales seguirán funcionando con o sin nuestro país, pero aunque no sorprenda, Milei no tiene interés de tener un lugar en esa mesa para influir en las normas y políticas del futuro, ni siquiera para proteger los derechos humanos de las personas en Argentina", denunció Amnistía Internacional en un comunicado.

La medida se enmarca en una política de repliegue internacional y alineamiento con gobiernos como los de Estados Unidos e Israel, que también han cuestionado y abandonado el Consejo en años recientes. El retiro implica que Argentina no podrá votar ni presentar resoluciones en el organismo, aunque sigue obligada por los mecanismos internacionales de derechos humanos de la ONU y podrá intervenir como observador.

En el Congreso, la decisión abrió un frente de críticas. La diputada Mónica Frade presentó un proyecto que denuncia un "vaciamiento" de la política de derechos humanos y un retiro "categórico" del multilateralismo, mientras que Margarita Stolbizer expresó su "profunda preocupación" y recordó la activa participación argentina en el Consejo desde su creación en 2006. Ambas iniciativas advierten que el país renuncia a un rol histórico de protagonismo y pierde influencia en uno de los foros más relevantes del sistema de Naciones Unidas.

El oficialismo, por su parte, justifica la medida en nombre de la "soberanía" y sostiene que responde a una nueva política exterior. Sin embargo, la oposición y organismos internacionales alertan sobre el aislamiento y la pérdida de credibilidad de Argentina en el ámbito global. El debate sobre el rumbo de la política exterior y el compromiso con los derechos humanos continúa abierto, mientras el país enfrenta el desafío de mantener su prestigio internacional en un contexto de cambios y tensiones.