El juicio por la expropiación de YPF en Estados Unidos ha generado una nueva estrategia por parte de los gobernadores de Mendoza, Chubut y Santa Cruz, quienes planean acudir a la justicia penal norteamericana para investigar el origen de la compra de acciones de la petrolera por parte del grupo Eskenazi. Esta iniciativa busca abrir una investigación sobre la operación realizada en 2007 y la posterior estatización en 2012, con el objetivo de suspender el proceso civil que actualmente enfrenta Argentina y que podría derivar en el pago de US$16.000 millones al fondo Burford Capital.

La Procuración del Tesoro argentino, encargada de la defensa en el litigio, presentó recientemente argumentos para evitar la entrega de acciones de YPF en poder del Estado a un banco de Nueva York, alegando que la medida ordenada por la jueza Loretta Preska viola la inmunidad soberana y las restricciones legales impuestas por la ley de expropiación de 2012, que exige la aprobación del Congreso para cualquier transferencia de esos títulos.

El conflicto se remonta a la privatización de YPF, cuando las provincias petroleras recibieron un porcentaje de acciones menor al esperado. En 2007, el grupo Petersen adquirió el 15% de las acciones con opción a otro 10%, pero tras la estatización de 2012 y la indemnización a Repsol, el grupo no recibió compensación y terminó en quiebra. El fondo Burford Capital compró el derecho litigioso y hoy exige el pago millonario.

Los gobernadores involucrados consideran que una investigación penal en Estados Unidos podría suspender el juicio civil y obligar a los protagonistas de la operación a declarar ante el Departamento de Justicia, lo que podría cambiar el curso del proceso. "Todo se va a definir en poco tiempo. Pero algo vamos a hacer porque somos socios y los derechos de nuestras provincias se ven afectados", afirmó uno de los mandatarios.

La posibilidad de que el Departamento de Justicia norteamericano intervenga en el caso abre un nuevo capítulo en la disputa, con potenciales consecuencias para la economía argentina y para los actores involucrados en la operación de YPF. El desenlace de esta estrategia podría tener implicancias de largo plazo para el país y sus reservas, en un contexto de creciente presión judicial internacional.