El Gobierno nacional enfrenta una crisis política tras el rechazo en la Cámara de Diputados del capítulo XI del Presupuesto 2026, un apartado considerado clave por el oficialismo. Este capítulo incluía la derogación de las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, dos normas con fuerte impacto fiscal y simbólico para la administración de Javier Milei.

La votación, que se realizó en la madrugada, sorprendió al oficialismo cuando varios de sus aliados habituales, incluidos legisladores del PRO y de provincias gobernadas por aliados, votaron en contra de los artículos más controvertidos. El artículo 75, que preveía la derogación de las mencionadas leyes, fue el principal punto de discordia. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley de emergencia en discapacidad representa entre 0,25% y 0,48% del PBI, mientras que la de financiamiento universitario implica un 0,23% del PBI, cifras que el Gobierno considera incompatibles con su meta de déficit cero.

El revés parlamentario generó una inmediata reacción en la Casa Rosada. Altos funcionarios, entre ellos el ministro del Interior, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunieron para definir la estrategia a seguir. "Así el Presupuesto no sirve", fue la frase que circuló entre los funcionarios, quienes no descartan un veto presidencial si el Senado no logra revertir la situación. La jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, tiene la tarea de conseguir dictamen antes del 26 de diciembre para intentar modificar el texto y volver a Diputados antes del cierre de las sesiones extraordinarias.

El rechazo del capítulo XI también profundizó las tensiones con el PRO, que expresó su malestar por la exclusión en la Auditoría General de la Nación y la falta de acuerdo sobre la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. "La relación está rota", admitió un dirigente del PRO, mientras que desde el oficialismo responsabilizan a seis gobernadores por el resultado adverso.

El episodio revela la fragilidad de las alianzas parlamentarias y la dificultad del Gobierno para avanzar con su agenda de reformas. El desenlace en el Senado será clave para el futuro del Presupuesto y la estabilidad política, en un contexto de movilizaciones sindicales y creciente polarización.