El Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires anunció la cancelación total de la deuda que mantenía con el Hospital Garrahan, tras semanas de controversia y cruces entre el gobierno bonaerense y el nacional. Según informó el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, el monto abonado asciende a más de $1.230 millones, cifra que, de acuerdo a los registros provinciales, salda todas las obligaciones pendientes con el hospital pediátrico.

La disputa surgió luego de que el gobierno nacional reclamara una deuda superior a los $9.000 millones, cifra que fue ampliamente difundida en campañas oficiales y en las instalaciones del propio hospital. Sin embargo, desde la provincia de Buenos Aires se cuestionó la validez de ese monto, argumentando que el 85% de lo exigido carecía de respaldo documental, incluía facturaciones de años anteriores y valores fijados unilateralmente por el hospital. "Hoy los registros administrativos muestran que no existen obligaciones impagas con el Hospital Garrahan", afirmó Kreplak en su cuenta de X.

El conflicto se intensificó tras la derogación, por parte del gobierno nacional, del sistema de débito automático para la facturación de hospitales públicos de gestión descentralizada, lo que, según la provincia, dificultó los pagos y generó la necesidad de una auditoría interna. En paralelo, se realizaron movilizaciones políticas y reclamos públicos, tanto desde la Nación como desde la provincia, en torno al financiamiento del hospital y la atención de pacientes pediátricos.

Como parte de la resolución, la provincia propuso la realización de una auditoría conjunta para revisar todos los movimientos y la construcción de un nuevo convenio que establezca criterios claros y transparentes de facturación, así como la digitalización de los procesos de transmisión de prestaciones y autorizaciones previas.

El Hospital Garrahan, de referencia nacional en atención pediátrica, se financia de manera compartida entre Nación y Provincia, y atiende a una gran cantidad de pacientes sin cobertura. El conflicto por la deuda se da en un contexto de reclamos por mejores condiciones laborales y recursos, y de tensiones políticas entre ambas jurisdicciones. Se espera que la auditoría y los nuevos convenios permitan evitar futuros desacuerdos y garanticen la continuidad de las prestaciones.