La Cámara Federal de Casación Penal reactivó una causa por abuso sexual en el Ejército Argentino que estuvo paralizada durante casi seis años debido a un traspapeleo administrativo. El caso involucra a un sargento primero acusado de abusar sexualmente de una soldado voluntaria en el Regimiento de Infantería N°4 de Monte Caseros, Corrientes, en julio de 2017.

La denuncia fue presentada inicialmente por el padre de la víctima en agosto de 2017. Tras pasar de la justicia provincial a la federal, la investigación quedó estancada en el Juzgado Federal de Paso de los Libres desde octubre de 2018. No fue hasta abril de 2024 que el expediente fue hallado y puesto nuevamente en trámite urgente. En diciembre de ese año, el sargento fue procesado por abuso sexual simple, pero la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes dictó su sobreseimiento en febrero de 2025, argumentando el vencimiento del plazo razonable para juzgarlo.

La decisión fue apelada por los fiscales, quienes señalaron que la demora se debió a deficiencias estructurales del juzgado y no a la actuación del Ministerio Público Fiscal. Los jueces de la Sala II de la Cámara de Casación, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Slokar, coincidieron en que la resolución de sobreseimiento carecía de un análisis integral y no consideraba el contexto de violencia de género ni los derechos de la víctima, tal como exige la Ley 27.372.

En su fallo, Casación anuló el sobreseimiento y ordenó que el expediente regrese al tribunal de origen para que el proceso continúe con la celeridad que el caso requiere. Los magistrados remarcaron que las garantías del imputado deben ser equilibradas con los derechos de la denunciante, especialmente en delitos contra la integridad sexual cometidos en contextos institucionales.

El caso pone en evidencia las falencias del sistema judicial y la importancia de incorporar la perspectiva de género en la investigación y juzgamiento de delitos sexuales. La causa continuará su curso hacia la etapa de juicio, con la expectativa de que se respeten los derechos de todas las partes involucradas y se garantice una resolución justa y oportuna.