El caso de la desaparición de 190 cabezas de ganado pertenecientes al influencer agropecuario Bruno Riboldi, conocido como “La Joya Agro”, en Santa Fe, ha dado un giro inesperado tras la intervención de la Justicia. Lo que inicialmente fue denunciado como un robo, terminó siendo calificado judicialmente como una estafa por abuso de confianza, en el marco de una relación comercial previa entre Riboldi y Nicolás Coscia, encargado del campo donde pastaban los animales.

Según la investigación, Riboldi detectó el 17 de marzo que se habían emitido guías de traslado para sus animales sin su autorización. Al acudir al campo en Santa Teresa, constató la ausencia de los vacunos y realizó la denuncia. La rápida intervención de la policía permitió hallar 161 de los animales en un feedlot de Chabás, a unos 80 kilómetros, vendidos a través de una consignataria. Sin embargo, 29 animales siguen sin aparecer.

El fiscal Ramiro Martínez imputó a Coscia por defraudación, argumentando que, aprovechando la confianza y la relación comercial, dispuso de los animales sin consentimiento de Riboldi. La operación se realizó mediante documentos de tránsito gestionados ante Senasa, presentando la hacienda como propia de una firma vinculada a Coscia. La jueza Marisol Usandizaga dispuso medidas restrictivas para el imputado mientras avanza la investigación.

Por su parte, Coscia y su defensa sostienen que la venta fue acordada con Riboldi, quien necesitaba liquidez, y que presentarán pruebas de mensajes y acuerdos previos. Alegan que la relación comercial era de larga data y que este era el cuarto ciclo de engorde conjunto. La consignataria involucrada también se declaró víctima, asegurando haber actuado conforme a los procedimientos habituales y sin conocimiento de irregularidades.

El caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los acuerdos informales en el sector ganadero, donde la confianza y la documentación son fundamentales. Además, la situación financiera de Coscia, con deudas millonarias, añade un elemento de sospecha sobre los motivos de la operación. Mientras la Justicia intenta esclarecer si hubo consentimiento o abuso de confianza, el conflicto resalta la necesidad de mayor formalidad y transparencia en las transacciones ganaderas. El desenlace judicial podría sentar un precedente para el sector.