El supermercado mayorista Yaguar cerró su sucursal en Bahía Blanca, dejando a más de 50 empleados sin trabajo y generando preocupación en el sector comercial local. La decisión fue comunicada a los trabajadores el sábado y se concretó el lunes, con el envío de telegramas de despido y la promesa de que las indemnizaciones serían abonadas en los próximos días.

Según representantes de la empresa y testimonios de los empleados, el principal motivo del cierre fue la caída de ventas, agravada por el mal estado de la ruta de acceso en la rotonda El Cholo. "La empresa tomó la decisión de cerrar la sucursal, y no hay mayor información. Ellos culpan al estado de la ruta que ha generado esta situación", expresó uno de los trabajadores despedidos. El deterioro de la obra pública, denominada Paso Urbano, ha dificultado el acceso de clientes y proveedores, impactando negativamente en la operatoria comercial.

Raúl Oviedo, secretario general de la Asociación de Empleados de Comercio, señaló que "bajaron mucho las ventas porque el Cholo es un desastre, no entra nadie. Nos costó llegar a nosotros también". Alejandro Olea, secretario gremial del sindicato, agregó que "el tema de cómo está la ruta, el ingreso, les impide la venta" y apuntó a la falta de inversiones nacionales como responsable de la situación.

La obra Paso Urbano, que incluye la construcción de 11 puentes y 27 kilómetros de calles colectoras, está paralizada desde 2020 por falta de fondos nacionales. Al momento de la interrupción, solo se había completado el 44% de los trabajos. La diputada nacional Karina Banfi reclamó públicamente que se incluya la terminación de la obra en el presupuesto 2026, calificándola como "estratégica para la productividad y el desarrollo de la zona". Banfi criticó la "desidia y las políticas porteño-céntricas de los gobiernos nacionales" y pidió avanzar hacia el crecimiento.

El cierre de Yaguar se suma a una serie de despidos y cierres de sucursales de supermercados en Bahía Blanca, en el marco de una crisis de consumo masivo que se profundizó desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Los gremios locales expresaron su disposición a acompañar a la empresa en una eventual demanda judicial contra el Estado si se comprueba que la obra paralizada provocó un perjuicio directo en la operatoria comercial. "Si la empresa quiere avanzar con un juicio por daños y perjuicios, nosotros la vamos a acompañar", afirmó Oviedo.

La situación genera incertidumbre y preocupación por el futuro laboral en la ciudad, mientras los trabajadores afectados reclaman consideración humana y legal tras años de esfuerzo, incluso durante crisis como la inundación y la pandemia. El impacto del cierre y la paralización de la obra pública pone en evidencia la necesidad de soluciones estructurales para la región.