El Gobierno nacional y el PRO protagonizaron en los últimos días un fuerte cruce público en torno a la transparencia y la ética de los funcionarios. El conflicto se desató luego de que la exgobernadora bonaerense y referente del PRO, María Eugenia Vidal, cuestionara la demora del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en presentar su declaración jurada, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La respuesta oficial no tardó en llegar. A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Gobierno acusó a Vidal de "hipocresía" y recordó que durante su gestión fue denunciada por enriquecimiento ilícito, especialmente por la compra de un departamento en Recoleta cuyo valor no coincidía con su patrimonio declarado. Además, se mencionó el caso de los “aportantes truchos” de 2018, en el que Vidal fue imputada por irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral. "Esa es su idea de ética: sobreactuar indignación cuando se trata de otros, pero impunidad total cuando le toca a ella", sostuvo el comunicado oficial.

Vidal, por su parte, defendió la gestión del PRO y aseguró que durante el gobierno de Mauricio Macri no se habría permitido una situación como la de Adorni. “Nunca. Estoy segura que nunca. Primero, él (Marcos Peña) no lo hubiera hecho, nunca habría estado en esa situación. Pero además Mauricio no hubiera permitido tener un jefe de Gabinete que durante más de dos meses no puede explicar su declaración jurada”, afirmó la exgobernadora.

El PRO, a través de la legisladora Laura Alonso, rechazó las acusaciones del Gobierno y defendió la integridad de sus funcionarios. Alonso calificó de “falsas” las acusaciones y subrayó la importancia de la ética pública y el respeto a la disidencia. “Queremos un país donde se respete la disidencia y donde las instituciones les den raíces a ese cambio macro que tanto nos costó”, expresó.

El cruce se produce en un contexto de creciente tensión entre el oficialismo y sectores dialoguistas de la oposición, en medio de debates legislativos clave y una agenda política marcada por la discusión sobre la transparencia y la ética en la función pública. El Gobierno, por su parte, busca desacreditar las críticas de la oposición recordando antecedentes judiciales de sus referentes, mientras el PRO insiste en la necesidad de respeto institucional y en la importancia de la ética pública. El debate refleja la polarización y la disputa por la agenda ética en la política argentina, en un momento de alta sensibilidad social y política.