Un ex proveedor de ENARSA está siendo investigado en el marco del juicio de los Cuadernos por el presunto desvío de fondos públicos destinados a la construcción del Gasoducto del Noreste Argentino. Según testimonios presentados ante el Tribunal Oral Federal 7, la empresa Servicios Vertúa, propiedad de Raúl Vertúa, recibió en 2014 un anticipo financiero de 86 millones de pesos para la ejecución de un tramo del gasoducto en Salta. Sin embargo, la obra quedó inconclusa, con un avance de apenas el 53,92%, y el contrato fue rescindido en 2017.

Durante la fiscalización realizada por la ex AFIP, se detectaron retiros en efectivo por más de 5,2 millones de dólares, cuyo destino no pudo ser justificado por la empresa. Jorge Tesolin, ex funcionario de la AFIP, declaró que parte de los fondos se transfirieron a un fideicomiso inmobiliario propio de Vertúa y se utilizaron para contratar al cantante Ricky Martin para un evento privado de 2.000 invitados. "No se pudo determinar el destino del dinero retirado en efectivo", afirmó Tesolin ante el tribunal.

La empresa alegó haber invertido en certificados inmobiliarios, pero tanto el fideicomiso como un agente de bolsa negaron que se hubiera realizado tal operación. La fiscalía remarcó que los movimientos de fondos no guardaban relación con el objeto del contrato adjudicado por ENARSA, que dependía del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

En total, Servicios Vertúa recibió del Estado 353,8 millones de pesos, incluyendo el anticipo fiscalizado. La sospecha de la fiscalía es que parte de los fondos retirados en efectivo podrían haber sido utilizados para el pago de sobornos a funcionarios públicos, aunque hasta el momento no se ha podido comprobar el destino final del dinero.

Este caso se enmarca en la investigación más amplia de los Cuadernos, que busca esclarecer el circuito de sobornos entre empresarios y funcionarios en la adjudicación de obras públicas durante los gobiernos kirchneristas. El desarrollo inconcluso del gasoducto y el uso de fondos para fines ajenos al contrato original refuerzan las sospechas de corrupción y desvío de recursos públicos.