En el Congreso Nacional, una exposición antivacunas organizada por la diputada Marilú Quiróz (PRO) generó controversia y preocupación en la comunidad científica y sanitaria. El evento, realizado el 27 de noviembre, contó con la participación de figuras como la biotecnóloga Lorena Diblasi y la médica Chinda Brandolino, quienes presentaron teorías sobre el supuesto "magnetismo" generado por las vacunas contra el COVID-19 y la presencia de componentes tóxicos en las dosis aplicadas a la población.

Durante la exposición, Diblasi mostró un "experimento" en el que un hombre aseguraba que podía adherir imanes a su cuerpo tras recibir la vacuna, una afirmación que fue ampliamente criticada por su falta de rigor científico. Diblasi admitió haber solicitado un estudio al Conicet para analizar la presencia de óxido de grafeno en las vacunas Sputnik, Moderna y Pfizer, pero descartó los resultados negativos por considerar que el procedimiento no era confiable. "No confiaba en el procedimiento utilizado y me pareció raro que no se detectara ningún componente atípico", declaró Diblasi a Infobae.

Por su parte, Brandolino, conocida por sus posturas extremas y teorías conspirativas, propuso la derogación de la ley de vacunación obligatoria y vinculó las vacunas con prácticas y personajes históricos controvertidos. El evento fue impulsado por sectores políticos que buscan modificar la legislación vigente, en un contexto de caída de las tasas de vacunación y rebrotes de enfermedades como el sarampión y la hepatitis A en Argentina.

El ministro de Salud de Mendoza, Rodolfo Montero, expresó su preocupación por la disminución de la cobertura vacunal, señalando que "las tasas de cobertura han caído mucho en la Argentina" y advirtiendo sobre el riesgo de reaparición de enfermedades prevenibles. "Hay 0 estudios científicos que demuestren una relación entre vacunas y patologías graves como autismo o cáncer. Hay millones de estudios que muestran que las vacunas no tienen esos efectos", afirmó Montero.

La comunidad científica y sanitaria repudió el evento en el Congreso, alertando sobre el impacto negativo de la difusión de discursos antivacunas en la salud pública. Mientras tanto, el Gobierno nacional defendió la vacunación como una política esencial y reiteró la importancia de mantener altas tasas de cobertura para proteger a la población.

La exposición en el Congreso marca un precedente preocupante en la institucionalización de discursos anticientíficos, en un momento en que la desinformación y la caída de la confianza en las instituciones representan desafíos significativos para la salud pública argentina.