La senadora Patricia Bullrich criticó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por no haber declarado más de 500.000 dólares en su patrimonio, provenientes de operaciones con bitcoins entre 2013 y 2018. La controversia se desató tras la presentación de la declaración jurada de Adorni, quien justificó la omisión afirmando que los fondos correspondían a ahorros personales no declarados formalmente y que "ahorró en negro como la mayoría de los argentinos". Esta explicación generó un fuerte impacto político y reavivó el debate sobre la transparencia y la ética en la función pública.

Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, calificó el hecho como una “omisión ética” y sostuvo que “nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado”. Además, remarcó que será la Justicia la que deberá determinar si hubo delito, abriendo la puerta a posibles investigaciones judiciales y sanciones, como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El presidente Javier Milei y otros funcionarios salieron en defensa de Adorni, asegurando que las explicaciones brindadas son suficientes y que no existe motivo para apartarlo del cargo. Sin embargo, la postura de Bullrich marcó un matiz dentro del oficialismo, evidenciando tensiones internas en torno a los estándares de transparencia y rendición de cuentas.

El episodio se produce en un contexto de creciente exigencia social y política sobre la conducta de los funcionarios públicos. La polémica se intensificó en la antesala de una reunión clave de la mesa política del oficialismo, donde Bullrich y Adorni volvieron a coincidir. Mientras tanto, sectores de la oposición y la vicepresidenta Victoria Villarruel también expresaron críticas y reclamaron mayor transparencia.

El caso Adorni pone en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control patrimonial y la ética en la función pública, en un momento de alta sensibilidad política en Argentina.