La mañana del sábado 14 de septiembre marcó el inicio de la demolición de uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de Mendoza, ubicado en la intersección de Patricias Mendocinas y Montevideo. El inmueble, que durante décadas albergó la sede de la Policía de Mendoza, funcionó como Casa de Gobierno y fue identificado como centro clandestino de detención durante la última dictadura militar, presentaba un avanzado estado de deterioro y había sido escenario de un incendio reciente que comprometió aún más su estructura.

El operativo, coordinado por la Dirección General de Escuelas (DGE) junto a Bomberos Voluntarios y personal municipal, comenzó cerca de las 8 de la mañana y se centró inicialmente en la galería norte, lindera a la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz. La decisión de demoler el edificio se tomó tras el colapso parcial de su techo y el riesgo inminente de nuevos derrumbes, que ponían en peligro tanto a transeúntes como a la comunidad educativa vecina. "La estructura es irrecuperable y representa un peligro para la seguridad pública", señalaron fuentes oficiales.

Como parte del operativo, se dispuso el corte total de la calle Patricias Mendocinas entre Rivadavia y Montevideo, y el desvío de las líneas de colectivos que habitualmente circulan por la zona. Las paradas ubicadas en Plaza Independencia quedaron fuera de servicio hasta nuevo aviso, generando complicaciones en la circulación y el transporte público en el centro mendocino.

El edificio, declarado patrimonio provincial, nunca fue restaurado ni reutilizado tras su abandono. A lo largo de los años, fue objeto de proyectos frustrados para convertirlo en museo policial y de un prolongado litigio entre la DGE y la Escuela Normal Tomás Godoy Cruz por la propiedad del terreno. Además, su historia está marcada por el dolor: durante la dictadura, familiares de desaparecidos acudieron allí en busca de información sobre sus seres queridos, y el lugar fue inspeccionado en el marco de juicios de lesa humanidad.

La demolición, aunque justificada por razones de seguridad, ha generado debate en la sociedad mendocina sobre la preservación de la memoria y el patrimonio. Organismos de derechos humanos y la comunidad educativa lamentan la pérdida de un espacio cargado de valor simbólico y testimonial, mientras que las autoridades insisten en la necesidad de resguardar la integridad de quienes transitan y estudian en la zona. El futuro del predio, tras el cierre de este ciclo, aún permanece incierto.