El juicio por la muerte de Natalia Coronel, una mujer de 41 años que vivía en situación de calle, comenzó esta semana en Rosario y ha puesto en el centro del debate la violencia de género y la marginalidad. Jonatan González, de 30 años, enfrenta cargos de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, tras ser acusado de empujar a Coronel bajo un auto en movimiento durante una discusión ocurrida el 25 de diciembre de 2022, frente a la iglesia Nuestra Señora del Pilar, en el barrio República de la Sexta.

Según la acusación de la fiscal Andrea Vega, González agredió verbal y físicamente a Coronel, amenazándola con un arma blanca antes de empujarla directamente al paso de un Renault Megane. "Se sirvió del vehículo como instrumento para provocar el fallecimiento de la víctima", sostuvo la fiscal ante el tribunal conformado por los jueces Facundo Becerra, Valeria Pedrana y Mariano Aliau. Coronel fue arrollada y quedó tendida en el asfalto, inconsciente. Fue trasladada al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde permaneció internada hasta su fallecimiento el 16 de marzo de 2023, a causa de complicaciones derivadas de un traumatismo de cráneo grave.

El acusado, que también vivía en la calle, fue detenido en el lugar y desde entonces permanece bajo prisión preventiva. En la audiencia, González negó haber sido pareja de la víctima y afirmó que fue ella quien lo agredió con un cuchillo. La defensa sostiene que no existió intención de causar la muerte y plantea que, en todo caso, se trató de un homicidio preterintencional. Sin embargo, testigos presenciales relataron que ambos portaban armas y que la víctima intentaba defenderse con un palo, mientras que el acusado tenía un cuchillo.

El caso ha sido reconstruido a partir de testimonios de peatones, policías y personas que compartían la calle con la pareja. Allegados describieron una relación marcada por la conflictividad, el consumo de sustancias y la marginalidad. La Fiscalía mantiene la acusación de homicidio doblemente agravado y solicita la pena máxima prevista en el Código Penal. El juicio es seguido de cerca por organizaciones sociales y de género, que ven en este caso un ejemplo de la vulnerabilidad de las mujeres en situación de calle y la necesidad de políticas públicas para prevenir la violencia de género.