En Goya, Corrientes, una madre y su hijo enfrentarán un juicio oral y público por liderar una estafa piramidal que afectó a más de un centenar de personas. El proceso judicial, previsto para el 20 de octubre, busca esclarecer cómo Gabriela Elizabeth Wihte, de 50 años, y Cristian Sebastián Dening, de 30, lograron captar los ahorros de los habitantes de la ciudad bajo la promesa de duplicar el capital invertido en plazos de 60 o 90 días.

Según la investigación, Dening, conocido por su pasado como arquero en el Club Huracán y por sus actividades comerciales, comenzó en 2021 a promocionarse en redes sociales como "CEO y fundador de Tradeking" y asesor de inversiones. Exhibía un estilo de vida ostentoso, con viajes al exterior y autos de lujo, lo que reforzaba la imagen de solvencia y éxito financiero. Para dar mayor credibilidad al negocio, alquiló oficinas cerca de la costanera de Goya y ofrecía comisiones del 10% a quienes acercaran nuevos inversores.

Las operaciones se realizaban tanto en las oficinas como en el domicilio de Wihte, quien administraba los fondos y efectuaba pagos a algunos inversores para mantener la apariencia de legalidad. Los contratos eran informales, consistiendo en pagarés, mutuos o simples recibos sin membrete. Los primeros pagos generaron confianza entre los ahorristas, lo que permitió ampliar la base de víctimas.

Sin embargo, la investigación judicial determinó que Dening no contaba con autorización de la Comisión Nacional de Valores para brindar asesoría financiera y que el Banco Central lo calificaba como "de alto riesgo de insolvencia". Cuando el flujo de dinero disminuyó, Dening cerró las oficinas y se radicó en España, donde permaneció hasta su reciente regreso a Goya tras ser notificado por el tribunal.

El caso se desarrolló en paralelo a la estafa de Generación Zoe, liderada por Leonardo Cositorto, que recaudó más de 300.000 dólares en la misma ciudad. La Justicia señala a Wihte como coautora de las maniobras y destaca el uso de redes sociales y la ostentación de bienes como elementos clave para captar víctimas. Solo un tercio de los damnificados acudió a la Justicia, lo que evidencia la dificultad de los ahorristas para denunciar este tipo de delitos.

La causa genera preocupación por la vulnerabilidad de los inversores ante esquemas fraudulentos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y prevención en el ámbito financiero. El juicio oral y público será un testimonio de los riesgos que enfrentan los ahorristas y de la importancia de la acción judicial para sancionar este tipo de delitos.