El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, José Luis Espert, quedó en el centro de la polémica tras admitir públicamente que recibió una transferencia de US$200.000 de Fred Machado, empresario argentino acusado de lavado de dinero y narcotráfico, actualmente bajo proceso de extradición a Estados Unidos. La revelación se produjo luego de varios días de evasivas y contradicciones por parte de Espert, quien finalmente reconoció la operación en un video difundido en sus redes sociales.

Según la versión de Espert, el dinero correspondía a un adelanto por servicios de asesoría económica para una empresa minera vinculada a Machado en Guatemala. Sin embargo, hasta el momento no presentó documentación que respalde la existencia del contrato ni la legalidad de la operación. Documentos judiciales y testimonios de excolaboradores contradicen la versión del candidato, señalando que Machado habría tenido un rol mucho más activo en la campaña de Espert en 2019, aportando vuelos privados, vehículos y fondos no declarados.

La causa judicial, actualmente radicada en San Isidro, investiga si los fondos fueron debidamente declarados y si se utilizaron para financiar la campaña electoral, lo que podría configurar delitos de lavado de activos y encubrimiento. La exjefa de campaña de Espert, Clara Montero Barré, aseguró que Machado participó activamente en la organización y financiamiento de la campaña, mientras que otros colaboradores sostienen que los aportes no fueron registrados oficialmente.

El presidente Javier Milei salió en defensa de Espert, calificando el caso como una "operación política" y respaldando la continuidad de su candidatura. Sin embargo, la controversia generó tensiones internas en el oficialismo y reavivó el debate sobre la transparencia en el financiamiento de campañas políticas en Argentina.

El escándalo se produce en un contexto de alta sensibilidad política, a pocas semanas de las elecciones legislativas, donde el oficialismo busca consolidar su mayoría en el Congreso. La investigación judicial continúa y se espera que en los próximos días se definan nuevas medidas procesales, mientras la oposición y sectores de la sociedad civil exigen explicaciones y mayor transparencia.