Una ola de amenazas de tiroteo en escuelas argentinas ha encendido las alarmas en el sistema educativo y la sociedad en general. Desde fines de marzo, se han reportado al menos 13 casos en Corrientes y cientos en la provincia de Buenos Aires, además de episodios similares en Tucumán, Mendoza, Córdoba y otras provincias. Las amenazas, difundidas a través de redes sociales y pintadas en los establecimientos, han obligado a suspender clases, realizar controles policiales y activar protocolos de seguridad en numerosos colegios.

En Corrientes, la policía identificó a 13 adolescentes como responsables de los mensajes intimidatorios, lo que derivó en intervenciones judiciales y controles en las mochilas de los estudiantes. "El aumento de amenazas escolar en Corrientes no lo vemos como casos aislados ni meramente imitativos", explicó la psicóloga Nelida Mercedes Rodríguez, quien subrayó la influencia de factores emocionales, familiares y el uso de redes sociales en la conducta adolescente.

En la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Cultura y Educación, a cargo de Flavia Terigi, emitió un comunicado en el que pidió a docentes y familias mantener la calma y no viralizar los mensajes, advirtiendo que "reproducir amenazas no es una broma ni una mera transgresión: se trata de una conducta grave que vulnera la convivencia institucional". El gobierno bonaerense reforzó las pautas de actuación y promovió acciones reparatorias para quienes participaron en estos hechos.

El principal gremio docente, SUTEBA, reclamó un abordaje interministerial y mayor presencia estatal, mientras que la UTE en la Ciudad de Buenos Aires advirtió que "la escuela sola no puede" enfrentar la problemática. En Tucumán, la respuesta fue el despliegue de 2.500 policías en escuelas como medida preventiva.

Especialistas en salud mental insisten en que la sanción por sí sola no es suficiente y que es necesario un abordaje integral que incluya la educación emocional, la contención familiar y la intervención temprana ante señales de alerta. El fenómeno, vinculado a retos virales y a un clima social de creciente violencia, ha generado un impacto significativo en la salud mental de estudiantes, docentes y familias, poniendo en debate la necesidad de políticas públicas y estrategias preventivas a nivel nacional.