Vecinos, comerciantes y turistas de Mar del Plata llevan años conviviendo con los olores intensos y persistentes que emanan de las plantas harineras del puerto. Este problema, lejos de ser reciente, se ha instalado como una molestia estructural que afecta la vida cotidiana, el turismo y la actividad comercial en amplias zonas de la ciudad, desde el puerto hasta Punta Mogotes.

El foco del conflicto está identificado: dos plantas harineras y el circuito productivo asociado a la industria pesquera, que genera alrededor de 500 toneladas diarias de residuos de pescado. Estos desechos son procesados por las harineras, cuya operación, según denuncias, carece de los controles y tecnologías necesarias para evitar la emisión de olores desagradables. "Hay días en los que no se puede comer en una terraza, abrir una ventana o simplemente caminar sin sentir náuseas", relatan los vecinos afectados.

A pesar de las denuncias, causas judiciales y promesas de inversión, el problema persiste. Organismos de control y la Defensoría del Pueblo han señalado que existen tecnologías, como biodigestores y termodestructores, capaces de eliminar o reducir significativamente las emisiones odoríferas. Sin embargo, la falta de inversión y decisión política ha impedido su implementación.

La situación contrasta con la de otros países con industrias similares, como Chile, Perú o Noruega, donde la presión regulatoria y la necesidad de cumplir con estándares ambientales han llevado a la adopción de soluciones tecnológicas eficaces. En Mar del Plata, en cambio, la respuesta ha sido insuficiente y fragmentada.

En este contexto, la reciente intervención de la Justicia Federal podría marcar un punto de inflexión. El objetivo es coordinar acciones y pasar de medidas aisladas a un abordaje integral que contemple controles sobre la materia prima, condiciones de transporte y estándares mínimos de operación. "No se trata de cerrar fábricas ni de enfrentar producción con ambiente. Se trata de exigir lo que en cualquier otra parte del mundo ya es norma: que la actividad económica no degrade la calidad de vida de toda una ciudad", concluyen los actores involucrados.

El desafío ahora es transformar la lógica de los expedientes en soluciones concretas, evitando que la naturalización del problema siga afectando a Mar del Plata y su perfil productivo.