Revocan los procesamientos de los tres militantes que escracharon la casa de Espert
• La Cámara Federal revocó los procesamientos de militantes acusados por el escrache a la casa de Espert. • Se dictó falta de mérito: la investigación sigue, pero no hay pruebas de delitos graves. • El caso reabre el debate sobre protesta y criminalización política.



La Cámara Federal de San Martín revocó los procesamientos de Eva Mieri, Alesia Abaigar e Iván Díaz Bianchi, quienes habían sido acusados por el escrache y ataque con excremento a la casa del exdiputado José Luis Espert en junio de 2025. El tribunal dictó la falta de mérito, lo que significa que la investigación continuará, pero no existen pruebas suficientes para procesar o sobreseer a los acusados por los delitos graves que les imputaba la jueza Sandra Arroyo Salgado.
Según la resolución, los hechos no encuadran en figuras penales como atentado contra el orden público, amenazas agravadas, incitación al odio político, falsificación de patentes ni malversación de caudales públicos. La Cámara consideró que la protesta no puso en peligro la estabilidad constitucional ni la tranquilidad social, y criticó la interpretación forzada de los tipos penales por parte del juzgado de primera instancia.
El escrache ocurrió el 17 de junio de 2025 en la localidad de Beccar, cuando un grupo arrojó excremento animal a la fachada de la casa de Espert y colgó un pasacalles con frases ofensivas. Los acusados, entre ellos la entonces concejal Eva Mieri y la funcionaria Alesia Abaigar, estuvieron detenidos más de dos semanas tras el hecho. La defensa sostuvo que se trató de una manifestación política y no de un ataque organizado, y cuestionó la criminalización de la protesta.
Organizaciones de derechos humanos, como el CELS, denunciaron el uso del aparato judicial para intimidar a militantes y criticaron el secreto de sumario en la causa. El fallo de la Cámara Federal es interpretado como un límite a la tendencia de ampliar la aplicación de delitos políticos a protestas simbólicas, en un contexto de creciente tensión por la criminalización de la protesta en Argentina. El expediente seguirá bajo investigación, pero los jueces remarcaron la necesidad de ceñirse estrictamente a los hechos y evitar interpretaciones desproporcionadas de la ley penal.
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