El juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación de la segunda ampliación de los gasoductos Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS) a la constructora brasileña Odebrecht entra en su etapa final. El Tribunal Oral Federal N° 2 fijó para el 23 de junio la audiencia de últimas palabras de los imputados, tras la cual se anunciará el horario en que se dará a conocer el veredicto.

La causa, que se originó a partir de la investigación por sobornos de la empresa Skanska, indaga si existió un direccionamiento en la contratación de las obras, adjudicadas entre 2006 y 2008, con una inversión estatal que supera los 2.300 millones de dólares. Según la acusación fiscal, el entonces ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, habría creado el marco normativo necesario y delegado facultades en funcionarios del área de Energía para confeccionar un procedimiento "a medida" de Odebrecht. Entre las medidas adoptadas se incluyó la creación de fondos fiduciarios y una reglamentación que permitía al adjudicatario seleccionar proveedores según su propio criterio.

El fiscal Diego Luciani sostuvo que todo el proceso se enmarcó en la declaración de emergencia económica y energética vigente en ese período, lo que permitió sortear controles indispensables para una obra pública de tal magnitud. Por estos hechos, la fiscalía solicitó cuatro años de prisión para De Vido y Daniel Cameron, tres años y seis meses para Cristian Folgar y Luis Beuret, y la absolución de Julio Bragulat por considerar que no se acreditó su participación.

Las defensas de los acusados reclamaron la absolución de todos, argumentando que las decisiones se adoptaron dentro del marco normativo vigente y en un contexto de emergencia. Negaron la existencia de sobornos, sobreprecios o direccionamiento efectivo en las contrataciones. La defensa de De Vido cuestionó la "retórica fiscal estigmatizante", mientras que las de Cameron y Folgar sostuvieron que no se probaron irregularidades.

El veredicto del tribunal será clave para determinar si las conductas investigadas configuran el delito de negociaciones incompatibles con la función pública o si, como sostienen las defensas, se respetaron los procedimientos legales aplicables. El fallo tendrá consecuencias penales e institucionales directas para los imputados y será observado como un test para la lucha contra la corrupción en la obra pública argentina.