La Cámara Civil de Cipolletti dictó un fallo que marca un antes y un después en la protección de los usuarios frente a fraudes digitales en la Argentina. En una resolución que involucra al Banco Patagonia, la Justicia determinó que las entidades financieras deben asumir la totalidad de los costos en casos de estafas como el phishing, incluso cuando el cliente haya entregado sus datos bajo engaño.

El caso se originó cuando un vecino de Cipolletti recibió un correo electrónico falso que simulaba provenir del banco. Al ingresar sus datos en una página fraudulenta, los delincuentes lograron acceder a su cuenta, modificar credenciales, habilitar nuevos sistemas de validación y transferir fondos a terceros en cuestión de minutos. En primera instancia, el juez había distribuido la responsabilidad entre el cliente y el banco, argumentando que el acceso fue posible por la entrega de datos personales, pero también señalando la falta de reacción del sistema bancario ante movimientos inusuales.

Ambas partes apelaron y el caso llegó a la Cámara Civil, que revisó los registros informáticos y concluyó que, aunque las operaciones se realizaron con credenciales válidas, el banco no activó alertas ni bloqueos preventivos ante una secuencia de operaciones atípicas y de alto monto. El tribunal sostuvo que la actividad bancaria digital implica riesgos propios, como el phishing, y que estos deben ser asumidos por quien diseña y explota el sistema.

El fallo invierte la carga probatoria: ahora es el banco quien debe demostrar que actuó diligentemente, detectando anomalías y emitiendo alertas efectivas. Si no logra acreditarlo, la Justicia tiende a fallar a favor del consumidor. Además de ordenar la restitución total de los fondos, la sentencia incluye una indemnización por daño moral.

Este criterio se enmarca en un contexto de aumento sostenido de las ciberestafas en Argentina, con un crecimiento del 21,1% en denuncias por delitos informáticos en 2024, según la UFECI. El Banco Central ha endurecido las regulaciones para las entidades financieras, exigiendo sistemas de monitoreo más robustos y dinámicos.

El fallo de Cipolletti es considerado un mensaje contundente al sistema financiero: la seguridad digital no puede recaer sobre el usuario, sino sobre quienes administran y se benefician de la plataforma. Especialistas advierten que, aunque los usuarios deben extremar precauciones, la asimetría tecnológica hace imprescindible que los bancos asuman un rol proactivo en la prevención de fraudes. Se espera que este precedente impulse mejoras en los estándares de seguridad de la banca digital argentina.