El escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades patrimoniales y uso indebido de fondos públicos, ha provocado un fuerte cimbronazo en La Libertad Avanza (LLA), especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. La causa judicial, que investiga viajes familiares en el avión presidencial, uso de jets privados y la adquisición de propiedades con fondos de origen poco claro, ha erosionado la confianza en el oficialismo y reconfigurado el escenario político porteño.

Según un estudio de Proyección Consultores, el 58,9% de la sociedad califica los hechos como graves, mientras que cerca del 40% de los votantes de LLA manifiestan dudas o rechazo hacia el partido a raíz del caso. El impacto es significativo, ya que Adorni era considerado una figura central para la proyección de LLA en la Ciudad de Buenos Aires de cara a las elecciones de 2027, tras haber obtenido un sorpresivo triunfo en 2025.

En el plano judicial, el juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita mantienen el levantamiento del secreto bancario y fiscal sobre el patrimonio de Adorni y su entorno. La investigación se centra en una compleja trama inmobiliaria y en la presunta utilización de prestamistas particulares para financiar adquisiciones, algunas de las cuales habrían sido formalizadas dentro de la Casa Rosada.

Mientras tanto, la conducción de LLA en la Ciudad, encabezada por Pilar Ramírez y Darío Wasserman, ha ganado peso político, desplazando a otros sectores internos. Ramírez, alineada con Karina Milei, ha transmitido la orden de no responder públicamente a las acusaciones, sosteniendo que la situación está en manos de la Justicia. Sin embargo, el desgaste es evidente y ha obligado a replantear estrategias y alianzas, con figuras como Patricia Bullrich manteniendo un perfil bajo pero con creciente imagen positiva en las encuestas.

El caso Adorni también ha reavivado cuestionamientos sobre el manejo de bienes públicos y privatizaciones impulsadas por el entorno libertario, generando preocupación en sindicatos y sectores sociales. La incertidumbre sobre las candidaturas y la estabilidad de las alianzas de cara a 2027 se mantiene, mientras el oficialismo busca contener el impacto político y judicial del escándalo.