Dos empleados del Senado bonaerense, Nicolás Daniel Rodríguez y Daniela Silva Muñoz, fueron detenidos en La Plata tras una investigación que expone una trama de abusos sexuales y captación de víctimas mediante militancia política. Las detenciones, ordenadas por la fiscal Betina Lacki, se produjeron el 29 de diciembre, luego de que nuevas denuncias impulsaran el avance de la causa, iniciada en 2014 y que ya suma al menos cinco víctimas.

La investigación sostiene que parte de los abusos denunciados ocurrieron en la oficina 007 del Senado provincial, una dependencia bajo la órbita de la Presidencia, lo que agrava la dimensión institucional del caso. Las víctimas, todas jóvenes en situación de vulnerabilidad, habrían sido captadas mediante promesas de acompañamiento político y oportunidades laborales, para luego ser sometidas a situaciones de abuso y manipulación. Según la hipótesis fiscal, los acusados operaban bajo una presunta organización denominada "La Orden de la Luz", con características sectarias y comunicaciones encriptadas, lo que refuerza la sospecha de una estructura organizada y planificada.

Rodríguez y Silva Muñoz, empleados de planta permanente del Senado, se negaron a declarar ante la fiscal y permanecen detenidos mientras se resuelve su situación procesal. La causa, caratulada como "abuso sexual con acceso carnal", investiga no solo delitos sexuales gravísimos, sino también el uso de instalaciones estatales para cometerlos y la posible existencia de una red criminal que utilizaba militancia, estructura estatal y promesas laborales como herramientas de captación.

El caso ha generado fuerte impacto institucional y político, especialmente por la pertenencia gremial de Silva Muñoz a la Secretaría de Género de UPCN y la militancia política de ambos acusados. Abogados de las víctimas han destacado la asimetría de poder y el temor persistente entre las denunciantes, algunas de las cuales aún dependían laboralmente de Rodríguez. La fiscalía analiza comunicaciones electrónicas, vínculos laborales y jerarquías dentro del Senado, y no se descartan nuevas imputaciones ni ampliaciones de denuncia.

La investigación está en manos de la fiscal Betina Lacki, reconocida por su trayectoria en causas contra estructuras de poder político y judicial. El Senado bonaerense enfrenta ahora un escenario de tensión y silencio interno, mientras la Justicia avanza en el análisis de pruebas y posibles responsabilidades individuales y orgánicas. El caso pone bajo sospecha el funcionamiento de una zona oscura del poder, en la intersección entre política, sindicalismo, militancia y aparato estatal, y genera debate sobre los mecanismos de control institucional y la protección de las víctimas.