El Gobierno argentino decidió suspender por seis meses los aranceles antidumping que gravaban la importación de aisladores de porcelana, insumo esencial para la red eléctrica, tras el cierre definitivo de la Fábrica Argentina de Porcelanas Armanino (FAPA), la única productora nacional de estos componentes. La medida, oficializada mediante la Resolución 345/2026, responde a la urgencia de abastecer la infraestructura eléctrica ante la desaparición de la oferta local.

FAPA, ubicada en Monte Grande, cubría el 100% de la producción nacional y el 70% del consumo aparente de aisladores eléctricos. Su cierre, acompañado por la liquidación de su planta y el remate de la maquinaria, dejó al país sin fabricación local de un insumo clave para la seguridad y estabilidad del sistema energético. Según la Cámara de la Industria Electrónica, Electromecánica y Luminotécnica (CADIEEL), ningún otro productor nacional puede suplir esta demanda.

La suspensión de los aranceles antidumping, que estuvieron vigentes desde 2015 para proteger la industria local, permitirá la importación de aisladores desde China, Brasil y Colombia sin recargos aduaneros. El Ministerio de Economía justificó la decisión señalando que mantener los derechos sería un "costo injustificado" y un "obstáculo inmediato" para la red eléctrica, ya que no existe oferta local disponible. La Comisión Nacional de Comercio Exterior (CNCE) advirtió que la continuidad de los aranceles podría afectar la estabilidad del servicio público eléctrico y demorar obras energéticas esenciales.

El impacto de la medida es doble: por un lado, garantiza el suministro de un componente crítico para la red eléctrica; por otro, profundiza la dependencia de la oferta extranjera y representa una nueva pérdida de empleos industriales. El cierre de FAPA se inscribe en un contexto de aumento de importaciones y caída de la producción local en sectores estratégicos, como el metalmecánico, afectado por la competencia externa.

El Gobierno instruyó a la CNCE a revisar la situación antes del vencimiento del plazo de seis meses para definir los próximos pasos. Mientras tanto, el sector industrial observa con cautela el avance de la dependencia externa y la presión sobre el empleo, en un escenario donde la prioridad oficial es garantizar la continuidad y confiabilidad de la infraestructura energética nacional.