La obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) enfrenta una crisis institucional y financiera sin precedentes, marcada por denuncias de corrupción, déficit millonario y falta de prestaciones médicas para sus afiliados. El escándalo involucra a funcionarios nacionales, empresarios farmacéuticos y altos mandos militares, con investigaciones judiciales en curso y creciente malestar entre los beneficiarios.

Según diversas fuentes, IOSFA pasó de tener un superávit de $25 mil millones a un déficit superior a $200 mil millones, lo que ha provocado la suspensión de prestaciones y la falta de insumos en hospitales militares. Los contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina, por más de $11 mil millones entre diciembre de 2023 y abril de 2025, están bajo la lupa del juez federal Sebastián Casanello, quien investiga posibles desvíos de fondos públicos, pagos de sobornos y sobreprecios en medicamentos nunca entregados.

El Ministerio de Defensa, encabezado por Luis Petri, firmó recientemente un convenio que destina el 2% de la masa salarial del personal militar activo para cubrir el déficit de IOSFA. Esta medida generó alarma entre los uniformados, quienes temen un descuento directo en sus salarios y cuestionan la transparencia del mecanismo de financiamiento. Allegados al ministro negaron que se trate de una retención salarial, pero no aclararon el origen de los fondos.

La situación se agravó tras la filtración de audios y la presentación de una denuncia ante la Cámara Federal, que acusa a funcionarios y empresarios de integrar una presunta organización criminal dedicada al desvío de fondos, coimas y contrataciones fraudulentas. El escrito, presentado por el periodista Fernando Míguez y la abogada Marcela Scotti, solicita la suspensión de los contratos con Suizo Argentina, auditorías externas a IOSFA y el bloqueo de cuentas bancarias de los implicados. "La corrupción mata en silencio", concluye la denuncia, que pide una investigación profunda sobre lo que describe como una red de corrupción estructural en el Estado nacional.

En paralelo, auditorías internas y externas fueron ordenadas tras detectar irregularidades en los sistemas informáticos de IOSFA y pagos por "legítimo abono" sin concurso público. El déficit mensual de la obra social se incrementó a $19 mil millones, provocando la baja de 200 prestadores y generando protestas entre los afiliados, como la marcha multitudinaria en Punta Alta por la falta de entrega de medicamentos oncológicos.

El escándalo pone en evidencia la fragilidad del sistema de salud para las Fuerzas Armadas y de Seguridad, y plantea interrogantes sobre el futuro de IOSFA y la gestión de los recursos públicos en el sector.