El exjefe de Gabinete Manuel Adorni quedó bajo una restricción judicial que le impide salir del país sin autorización, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La decisión fue adoptada por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien descartó la existencia de riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación, pero consideró necesario profundizar el análisis patrimonial del exfuncionario.

La causa, que también involucra a la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, se centra en la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá, así como en gastos y adquisiciones que superan ampliamente los ingresos declarados por el matrimonio. Según fuentes judiciales, la vivienda fue adquirida por US$120.000, con refacciones que habrían alcanzado los US$245.000, y se detectaron gastos mensuales con tarjetas de crédito que oscilan entre 4 y 6 millones de pesos, mientras el salario de Adorni era de aproximadamente 3,5 millones.

El fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba, incluyendo requerimientos a plataformas de criptomonedas como Binance y Lemon Cash, y solicitó informes sobre movimientos bancarios, compras digitales y pagos de impuestos relacionados con los bienes investigados. "No existen parámetros objetivos que configuren un peligro cierto de fuga y/o de entorpecimiento de la investigación", sostuvo el fiscal en su dictamen, aunque aclaró que Adorni deberá notificar cualquier viaje al exterior para su evaluación judicial.

La investigación se inició tras denuncias presentadas por la diputada Marcela Pagano y el abogado Gregorio Dalbón, quienes solicitaron la prohibición de salida del país para el exfuncionario. Por el momento, la Justicia no avanzó con otras medidas procesales más restrictivas.

Tras su renuncia y salida del directorio de YPF, Adorni quedó sin fueros y fuera del ámbito público. Su defensa asegura que no tiene previsto salir del país y que colaborará con la investigación. El caso ha generado debate sobre la transparencia y el control patrimonial de exfuncionarios, en un contexto de creciente escrutinio sobre el origen de los bienes de quienes ocuparon cargos públicos.