El Gobierno nacional formalizó la renuncia de Alejandro Melik como titular de la Oficina Anticorrupción (OA) y designó a la jueza Gabriela Zangaro como su reemplazo, en el marco de una reconfiguración de áreas clave dentro del Ministerio de Justicia. La medida fue oficializada a través del decreto 194/2026, publicado en el Boletín Oficial, y responde a la estrategia del ministro Juan Bautista Mahiques de fortalecer su equipo con perfiles técnicos y de reconocida trayectoria.

Alejandro Melik, quien había asumido en diciembre de 2023 y mantenía un vínculo cercano con el exministro Mariano Cúneo Libarona, dejó el cargo con fecha formal al 13 de marzo. Durante su gestión, Melik tuvo un papel destacado en el caso $Libra, recomendando interpretar la conducta del presidente Javier Milei como un "acto de comunicación individual o privada" tras una investigación administrativa. El Gobierno agradeció públicamente los servicios prestados por Melik durante su paso por la OA.

En su reemplazo, Gabriela Zangaro fue designada como nueva titular de la OA. Zangaro es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, con posgrados en Derecho Penal y una extensa carrera en el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Desde 2003, se desempeña como jueza de primera instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas, y ha integrado el Consejo de la Magistratura porteño. Fuentes oficiales destacan su perfil técnico y su bajo perfil mediático, así como su experiencia en procesos de evaluación y control de magistrados.

En paralelo, el Ministerio de Justicia avanzó con otro nombramiento relevante: la politóloga Jimena Belén Capece fue designada como nueva subsecretaria de Acceso a la Justicia, en reemplazo de Tristán Corradini. Esta área es responsable de diseñar e implementar políticas públicas federales para garantizar el acceso a derechos, especialmente para víctimas de delitos y personas en situación de vulnerabilidad.

Los recientes cambios en la estructura del Ministerio de Justicia se producen en un contexto de presión para el oficialismo, marcado por casos sensibles y la necesidad de fortalecer áreas estratégicas. Desde el Gobierno, se remarca que la OA no tendrá un perfil de persecución política, sino que se enfocará en la gestión de denuncias existentes y futuras. Por el momento, la oposición no ha emitido críticas públicas sobre las designaciones, mientras que voces del oficialismo subrayan la idoneidad de los nuevos funcionarios y la importancia de consolidar equipos técnicos en áreas sensibles del sistema judicial.