El Gobierno nacional envió al Congreso un ambicioso paquete de reformas legislativas orientadas a reforzar la protección de la propiedad privada en Argentina. La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, propone cambios sustanciales en la ley de expropiaciones, los procedimientos de desalojo y la regulación de tierras rurales, entre otros puntos clave.

El proyecto limita las expropiaciones a situaciones estrictamente excepcionales y establece que la compensación a los damnificados se calculará según el valor de mercado previo a cualquier anuncio estatal, con actualización por inflación. Además, la indemnización será pagada en efectivo y el traspaso de la propiedad solo se concretará tras el pago total. "Expropiar está mal, porque robar está mal", afirmó Milei en cadena nacional, subrayando el impacto negativo de la expropiación de YPF en la economía argentina.

En materia de desalojos, la reforma propone procesos sumarísimos y otorga mayores facultades al Poder Judicial para identificar ocupantes y asegurar la restitución de inmuebles en plazos breves. El Gobierno sostiene que la inseguridad jurídica y la lentitud de los desalojos han desincentivado la inversión y afectado la generación de empleo.

Respecto a las tierras rurales, el proyecto flexibiliza las restricciones a la venta a extranjeros, limitando solo a empresas estatales o aquellas que representen un riesgo para la soberanía nacional. También elimina restricciones a la venta de tierras tras incendios y descentraliza la regularización dominial de barrios populares, delegando el proceso a provincias y municipios.

El oficialismo argumenta que estas reformas son esenciales para atraer inversiones y garantizar el desarrollo económico. Sin embargo, sectores opositores y sindicales advierten sobre el riesgo de extranjerización de la tierra y la posible afectación de derechos sociales. El debate parlamentario se desarrolla en un contexto de fuertes tensiones políticas, con denuncias sobre la composición de comisiones y cuestionamientos al oficialismo por parte del peronismo.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio, que incluye la llamada "Ley Hojarasca" para derogar normas consideradas obsoletas. El Gobierno espera que la aprobación de estas reformas marque un punto de inflexión en la seguridad jurídica y el clima de inversiones en el país.