La provincia de Mendoza vivió un hito en su historia productiva con la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero de cobre San Jorge, que marca el regreso de la minería metalífera a gran escala tras más de dos décadas de restricciones. La iniciativa, que prevé una inversión cercana a los 600 millones de dólares y una producción anual estimada de 40.000 toneladas de cobre, promete dinamizar la economía local y generar miles de empleos directos e indirectos.

El proyecto, ubicado cerca de Uspallata, a 2.600 metros de altura, obligará a la provincia a modernizar su infraestructura logística y energética. Entre las obras destacadas se encuentran el Polo Logístico Intermodal de Luján de Cuyo y el desarrollo del Parque Fotovoltaico El Quemado, que aportará energía renovable a gran escala. Según especialistas, Mendoza cuenta con una base sólida en transporte y servicios industriales, lo que facilitará la integración de la minería a la matriz productiva.

Uno de los aspectos más innovadores del proceso es la creación de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un órgano de control integrado por organismos estatales, universidades y ciudadanos voluntarios. "No tienen que confiar en mí ni en el gobernador. Hay distintas vías de controles", afirmó la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, subrayando la apertura a la participación ciudadana en la fiscalización ambiental.

El debate político y social ha sido intenso. Mientras sectores industriales y metalmecánicos celebran la decisión como una oportunidad para el desarrollo regional, organizaciones ambientalistas y parte de la oposición mantienen su rechazo, advirtiendo sobre los riesgos de contaminación y la necesidad de controles estrictos. El gobierno provincial, por su parte, destaca la transparencia y la articulación multisectorial como garantías para un desarrollo sustentable.

La aprobación de la DIA fue posible gracias a una estrategia política sostenida y a la construcción de consensos en la Legislatura, aunque persisten diferencias dentro de la oposición y promesas de judicialización por parte de sectores críticos. El futuro del proyecto dependerá de la capacidad de Mendoza para mantener la transparencia, el control ciudadano y la planificación a largo plazo, en un contexto de alta expectativa y vigilancia social.