El presidente Javier Milei autorizó por decreto el ingreso de tropas estadounidenses a territorio argentino para la realización de ejercicios militares conjuntos, una decisión que ha generado un intenso debate político y cuestionamientos sobre su legalidad. El Decreto 697/2025, publicado en el Boletín Oficial, permite la entrada de 30 efectivos de la Naval Special Warfare de Estados Unidos entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre, quienes participarán en el ejercicio "Tridente" junto a la Armada Argentina en las bases navales de Ushuaia, Mar del Plata y Puerto Belgrano.

La medida fue adoptada mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), pese a que la Constitución Nacional establece que el ingreso de tropas extranjeras debe ser autorizado previamente por el Congreso. Desde el Gobierno, se argumentó que la naturaleza excepcional de la situación hacía imposible seguir los trámites ordinarios, aunque el decreto fue enviado al Congreso, que aún puede rechazarlo. "La no participación en estos ejercicios podría afectar significativamente el adiestramiento de las fuerzas argentinas y debilitar la cooperación internacional", sostiene el texto oficial.

El ejercicio "Tridente" tiene como objetivo el intercambio de procedimientos, técnicas y tácticas de entrenamiento entre fuerzas especiales, así como mejorar la interoperabilidad y la integración doctrinal con la Armada estadounidense. Además, el decreto autoriza la salida de tropas argentinas a Chile para el ejercicio "Solidaridad", enfocado en la coordinación ante desastres naturales.

La decisión de Milei se produce en un contexto de acercamiento político y económico con Estados Unidos. Recientemente, el presidente argentino se reunió con Donald Trump, quien expresó su "completo y total" apoyo a la reelección de Milei. Analistas y especialistas en defensa han advertido sobre los riesgos de un alineamiento estratégico acrítico con Washington, especialmente en un escenario de rivalidad global con China y en una región considerada estratégica por su proyección antártica y recursos naturales.

Sectores de la oposición y expertos en derecho constitucional han criticado la medida por eludir al Congreso y consideran que constituye una irregularidad institucional grave. El Congreso tiene ahora la posibilidad de rechazar el DNU en las próximas semanas, lo que podría modificar el curso de la iniciativa. Mientras tanto, el debate sobre la soberanía, la cooperación internacional y la legalidad del procedimiento continúa abierto en la agenda pública argentina.