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7 de junio de 2026
Politica
Mendoza

La banda de los mendocinos y la ruta del Triunfo

• Red de poder mendocina bajo la lupa • Vínculos entre empresarios, funcionarios y política en ARSAT y Triunfo Seguros • Investigación por corrupción y espionaje sacude a figuras clave • Impacto en la política y economía nacional 🇦🇷

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Una compleja red de relaciones entre empresarios mendocinos, funcionarios y figuras políticas ha quedado expuesta tras una investigación que involucra a la empresa estatal ARSAT y a Triunfo Seguros. El empresario Luis Pierrini, conocido por su habilidad para tejer vínculos con distintos sectores del poder, es señalado como figura central en la trama, aunque no está formalmente imputado en la causa.

Facundo Leal, cercano a Pierrini, fue designado presidente de ARSAT en 2022 tras una intensa disputa política. Su llegada fue respaldada por alianzas con empresarios y dirigentes de peso, como Enrique Albistur y sectores del massismo. Bajo su gestión, un grupo de funcionarios mendocinos ganó influencia dentro de la empresa, mientras se concretaban contratos millonarios relacionados con la fibra óptica, algunos de los cuales están bajo investigación por presuntas coimas.

La causa judicial se intensificó tras el robo de insumos vinculados al negocio de la fibra óptica y el hallazgo de un maletín con dispositivos de espionaje en poder de Leal. El juez Lino Mirábile y el fiscal Fernando Domínguez han puesto la mira en los domicilios de los principales implicados, mientras crecen las sospechas sobre lavado de dinero y tráfico de influencias.

Triunfo Seguros, la empresa de Pierrini, obtuvo en los últimos años autorizaciones regulatorias y buscó expandirse fuera de Mendoza, trasladando su domicilio fiscal a Buenos Aires. La relación de Pierrini con figuras como Juan Pazo, actual mano derecha del ministro de Economía, y su participación en proyectos vinculados al fútbol argentino, amplían el alcance del escándalo.

El caso ha generado preocupación entre empresarios y políticos que mantuvieron vínculos con los protagonistas, ante el temor de que la investigación judicial exponga más prácticas irregulares. La situación podría tener repercusiones significativas en la política y la economía nacional, en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión de empresas estatales y la relación entre el sector público y privado.